Obligar a viajar a otra comunidad para poder interrumpir voluntariamente un embarazo vulnera los derechos de la mujer. Así lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional que ha ordenado al servicio murciano de salud a indemnizar a una mujer a la que no informó en un primer momento de las malformaciones del feto y que tuvo que viajar hasta Madrid para interrumpir su embarazo en una clínica privada.
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