El cierre de Canal 9 sacó a relucir un puñado de situaciones surrealistas que se vivían con normalidad en el seno del extinto ente público. Una de ellas fue la práctica habitual de contratar a periodistas-redactores que ejercían como tales pese a que la dirección los encuadraba en la plantilla bajo la categoría profesional de guionistas. La consecuencia directa era una retribución entre 6.000 y 8.000 euros más baja. Tras el despido colectivo de 2013, alrededor de un centenar de trabajadores afectados por esta situación acudió a los tribunales
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