Según los hechos declarados probados la mujer encargó en 2010 al letrado, entre otras gestiones, la tramitación del cobro de la pensión de incapacidad permanente reconocida a su marido tras sufrir a los 60 años una parada cardiorrespiratoria mientras estaba trabajando, lo que le generó una grave discapacidad. Tras encargarse de que la pareja cobrase el dinero del seguro por el accidente y la prestación en el grado de gran invalidez, el abogado aconsejó a la mujer que le otorgara un poder para seguir con las reclamaciones pendientes.
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