La providencia, de la que es ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, da respuesta a un escrito presentado por Greenpeace en el que instaba a la sala a "intervenir" ante el "desinterés" de las administraciones afectadas --Gobierno, Junta y Ayuntamiento de Carboneras-- por "obedecer las resoluciones judiciales" que apuntan a la ilegalidad del hotel.
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