El Alto Tribunal da la razón al Gobierno frente a Endesa e Iberdrola y acumula ya cuatro sentencias que obligan a las compañías a pagar el derribo de infraestructuras de sus centrales hidroeléctricas tras el fin de la concesión para explotarlas. El Ejecutivo ha ordenado ya la demolición de una quincena de pequeñas centrales hidráulicas y deberá tomar una decisión sobre cientos de instalaciones en los próximos años según vayan extinguiéndose sus concesiones públicas.
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