Considera que la medida de cierre fue adecuada y que el propio Constitucional fijó que no cabían reclamaciones patrimoniales.El Tribunal Supremo (TS) ha descartado que la Administración General del Estado tenga que indemnizar a los hosteleros por los daños sufridos a raíz del cierre de locales consecuencia del estado de alarma durante la pandemia de la COVID-19.
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