El Tribunal Supremo admitió el pasado 13 de enero la demanda de paternidad presentada por Ingrid Sartiau por dos razones: la primera porque la supuesta hija de Juan Carlos I se concibió en 1966, nueve años antes de la proclamación del monarca y, por tanto, no puede acogerse a la inviolabilidad de su cargo. Y segundo, porque existe un principio de prueba exigida por la jurisprudencia del Alto Tribunal.
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