El debate político y ético sobre la prostitución es complejo, ni siquiera el feminismo tiene respuestas unitarias. La sociedad española también está dividida, como constata el CIS: un 32% de la ciudadanía está a favor de castigar a los puteros, otro 32% cree que pagar por sexo es inaceptable pero no debería ser reprochable legalmente, y un 28 % opina que es aceptable intercambiar dinero por el acceso al cuerpo de una mujer.
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