El Ayuntamiento de Barcelona lleva negociando desde el inicio de la pandemia con los propietarios de pisos turísticos para que algunos de ellos destinen las viviendas a alquiler social, aprovechando la caída de las visitas a la ciudad. Pero de momento no tiene éxito. Solamente dos apartamentos de los más de 9.000 que hay en la ciudad se han puesto a disposición municipal para asumir esta función.
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