La nueva ley elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual. Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años. Esta refundición de las conductas ha generado, sin embargo, que algunos condenados por delitos contra la libertad sexual hayan conseguido rebajas automáticas en sus penas al aplicarse la nueva ley. Esto se debe a que el rango de penas es ahora más amplio, y con mínimos más bajos en algunos supuestos.
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