El polígono industrial del Valle de Güímar ha llegado a los tribunales al ser el origen del "mayor atentado medioambiental en el litoral de Tenerife”. Cuatro exalcaldes se sentarán en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente a causa de la contaminación de la costa, que ha engordado la sanción de la UE a España por no depurar correctamente sus aguas, que en conjunto ya ascienden a más de 50 millones de euros por semestre y, por esta en concreto, el Gobierno canario paga 600.000 euros.
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