El Gobierno andaluz choca con UGT y CCOO a pesar de su buena relación por el plan contra la burocracia. La izquierda irá al Constitucional si la Junta no tramita el texto como una ley y cambia por decreto hasta 178 normas. Antonio Sanz confió en que la eliminación de tareas que quedan en manos de los funcionarios de la Junta servirá para que dediquen más tiempo a esta labor de certificación, aunque el Gobierno andaluz apuesta por aumentar la presencia de las "entidades certificadoras"
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