Una exigencia que, según el propio Síndic de Greuges, "no tiene sustento legal" y las administraciones deben suprimir. "Ninguna ley ampara el mantenimiento de la cita previa, que podía ser comprensible en la pandemia. Pero hoy en día es una comodidad que se han buscado algunas administraciones para facilitar su trabajo", expuso Luna en rueda de prensa tras advertir que un ciudadano "no tiene por qué coger cita previa para poder empadronarse".
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