La vivienda y la electricidad son derechos básicos y servicios públicos de los que nadie puede prescindir para vivir dignamente. Pero su acceso universal sigue incumpliéndose, sin que el Gobierno de coalición se decida a actuar con la contundencia y el coraje necesarios. Más bien parece que busca una solución que no moleste a los grandes beneficiados de tales injusticias, es decir las compañías eléctricas y los fondos, bancos, empresas y ciudadanos propietarios de las viviendas en alquiler.
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