Una reflexión sobre el acceso a la justicia pública: Emérita Legal, una startup que promovía la transparencia judicial en España, cerró tras años de litigios con instituciones y grandes empresas. Aunque anonimizaba sentencias y ofrecía un ranking de abogados, se enfrentó a obstáculos legales y una sanción económica que minaron su labor. El artículo cuestiona el modelo actual y plantea una pregunta: ¿debería primar el derecho ciudadano a la publicidad judicial, aunque eso signifique mayor escrutinio sobre el trabajo de los jueces?
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