La pérdida es consecuencia directa de la bajada de la natalidad que sufre la provincia la última década (como en el resto de España) y que deja vacías numerosas aulas ante la falta de demanda para escolarizar a los menores. A tenor de esta cifra, será una veintena de unidades las que se cerrarán, una medida de la que ya se ha advertido a los centros educativos, lo que ha provocado las críticas de directores, sindicatos y familias de la enseñanza pública, que consideran que con tal decisión se incumple la polémica ley Celaá
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