Con un vídeoclip que parodia el último éxito de la cantante latina Jennifer López, la Plataforma ciudadana No Somos Delito ha lanzado la campaña #SinMordazasPaCuando para denunciar el retraso y el bloqueo de la paralización de las conocidas como leyes mordaza, y exigir su derogación definitiva.

De esta manera, la figura del "delito de odio", que supuestamente fue introducida en el codigo penal para "proteger a colectivos vulnerables o minoritarios" será ahora usado para proteger a los grupos fascistas y criminalizar a los antifascistas. Anteriormente ya se intentó estirar el chicle del delito de odio para aplicárselo a quienes protestaban contra la poilicía, si bien varias sentencias han concluido que 'no puede haber delito de odio contra la policía por no ser “grupo vulnerable”'.

La Fiscalía General del Estado ha hecho una circular con pautas para interpretar los delitos de odio, en el que se redacta "Así una agresión a una persona de ideología nazi, o incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos"

La asociación de profesionales del mundo jurídico Drets, ha denunciado que la Fiscalía Superior del Estado, nombrada por el Gobierno, está haciendo circular unas nuevas pautas para interpretar los delitos de odio donde se explicita que "incitar el odio a los nazis es delito". Concretamente indica que "una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia el colectivo puede ser incluida en los delitos de odio".

El interventor de la institución asegura que avisó en una auditoría de las cuentas anuales de 2017 para que se reflejase "el deterioro del valor". El auditor señala que en 2018 no se aprecian correcciones por lo que los presupuestos no reflejan "la imagen fiel del patrimonio de la sociedad". En la contabilidad de Sodeva, sociedad publica de la Diputación, figura como "patrimonio inmovilizado" 10 millones de euros, el coste de montar la pista. La Fiscalía investiga delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación tras denuncia.

Entrevista a Hilal Tarkou abogado de Reus que ha llevado al Secretario General de Vox a los juzgados por delitos de odio

Ray Blanchard, psicólogo y profesor adjunto de la Universidad de Toronto que formó parte del grupo de trabajo para la disforia de género (la condición persistente de identificación con el género frente a su sexo biológico) para el DSM V, el estándar de referencia de las definiciones que ayudan a los psicólogos a diagnosticar trastornos en pacientes. Fue baneado por dar su opinión clínica sobre la identidad transgénero.

Barcelona es la ciudad más insegura de España. Así se desprende de los datos de la criminalidad de 2018 que publica el Ministerio del Interior. La capital catalana, con más de 1.600.000 habitantes, se sitúa como la primera urbe española con más delincuencia. En concreto, hay una tasa de 119,85 delitos por cada mil habitantes. En cuanto a los crímenes, los datos de Interior señalan que en 2018 hubo en la Ciudad Condal 10 asesinatos u homicidios, casi la cuarta parte de todos los que se produjeron en la comunidad autónoma.

Un juez de Reus investigará Javier Ortega Smith y Vox por si han cometido un delito de odio y discriminación. En un mitin hace un año en Valencia, Javier Ortega Smith decía, textualmente, que el enemigo de Europa, de la vida y la familia era la invasión islámica. El abogado de Reus Hilal Tarkou presentó una denuncia y este lunes ha recibido la notificación del juzgado de instrucción número 4 de Reus. El magistrado encuentra indicios para abrir la investigación.

La comisaria europea de Derechos Humanos alerta del uso de algoritmos en sistemas policiales y judiciales de la Unión que atentan contra los derechos ciudadanos.

Llevaba un tiempo planteándome la cuestión que da origen al título de este post y me anima haber recibido el enlace a la sentencia 12/2019 del TSJ de Extremadura, de 17-I-2019, Sala de lo Contencioso administrativo, ponente Ilma. Elena Concepción Méndez Canseco. Esta sentencia se enfrenta a un problema concreto: funcionario policial que es víctima de un delito, en la sentencia firme penal se le concede una indemnización de 2.000 € y el condenado es insolvente. El funcionario entiende que debe responder la administración, mientras que la admini

La medida ha generado polémica entre asociaciones de víctimas de delitos sexuales, que opinan que supone una intromisión en su intimidad.Las víctimas de violación en Inglaterra y Gales deberán permitir a la policía, a partir de este lunes, analizar sus teléfonos móviles a fin de facilitar el proceso judicial. A las denunciantes se les pedirá que rellenen formularios de consentimiento para autorizar a los agentes a acceder a los datos personales de su teléfono, como a los de las cuentas de email, mensajes o fotografías.

Esta semana se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de León el empresario acusado de este delito ecológico, Victorino Alonso, recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Huesca por destrozar un yacimiento neolítico, y para quien la Fiscalía pide ahora ocho años de cárcel. En este delito ecológico confluye toda la podredumbre de la que ha sido capaz la sociedad española, leonesa y berciana en las últimas tres décadas de minería salvaje.

El mayor fabricante de equipos de telecomunicación, Huawei, ha sido financiado por el Estado chino, lo que podría implicar riesgos de seguridad para el Reino Unido si opta por su infraestructura 5G, informa hoy The Times, citando a la CIA.

“Se acabó la impunidad. Vamos a proponer la reforma de la Ley del Menor para que aquel que cometa un delito cumpla su responsabilidad penal exactamente igual que si fuera un adulto”, proclama Ortega. La ley vigente ya prevé hasta ocho años de internamiento para menores de 16 y 17 años y hasta 10 por cometer varios delitos graves.

“A veces los intelectuales de altura se pierden en las cosas más chorras, y no cuesta ningún trabajo ayudarles. Yo propongo ayudar a Cayetana: el 28 de abril tenemos una excelente oportunidad para ayudar a Cayetana. Para ayudarle a distinguir el no, no, no, del sí, sí, sí. Hazlo por Cayetana”.

Iba a ser detenido por orden de la Justicia por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona asegura que el anuncio en una página web de un denominado 'Tour de la Manada', en el que se publicitaba el recorrido por las calles de la capital navarra seguido por los condenados por el delito sexual grupal perpetrado en los Sanfermines de 2016, constituye "un trato vejatorio para la víctima del delito".

El denunciante pide al juzgado que investigue sobre la "cuenta personal" en la que los afiliados debían ingresar dinero según indicaciones del coordinador de Vox en Cartagena

La inseguridad se ha acabado convirtiendo en la mayor preocupación de los barceloneses durante los últimos m...

La apertura de diligencias enmienda radicalmente la plana a la Fiscalía de Sevilla, que había archivado una denuncia igual por entender que los hechos no constituían delito.

El 'upskirting', que podría traducirse como 'levantar faldas', consiste en hacer fotografías a mujeres por debajo de la falda, con la intención de "ver los genitales o las nalgas".Ademas, los condenados por este delito figurarán en la lista de agresores sexuales.El pasado lunes culminó la "incansable campaña" de Gina Martin y otras víctimas del 'upskirting', y demás agentes que han trabajado para conseguir crear esta nueva ley para proteger a las mujeres que han sufrido y podrían sufrir esta práctica.