El Govern de Armengol las compró en mayo de 2020. Al analizarlas detectaron que no tenían la calidad contratada y las almacenaron pero no reclamaron el dinero hasta tres años más tarde

El servicio de emergencias de Cataluña responde al juez García-Castellón que optaron por trasladar en helicóptero al ciudadano que sufrió un infarto porque era el medio más rápido para trasladar a un paciente de gravedad, no porque los accesos estuvieran bloqueados por los manifestantes. También que la incidencia médica se produjo en la T2 del aeropuerto, cuando los altercados tuvieron lugar en la T1. El juez ha pedido diligencias para investigar si el paro cardíaco se produjo como consecuencia del tumulto y las algaradas registradas en el…

El juez Manuel García-Castellón firmó el 2 de agosto de 2021, tres días después del plazo límite legal, el auto en el que dictaba la primera de las cinco prórrogas de la investigación en el caso Tsunami Democrátic. El escrito del magistrado tiene fecha de 30 de julio de 2021 —aunque en él se dice que la prórroga de seis meses comenzará un día antes, el 29 de julio—; sin embargo, la firma electrónica lleva firma del 2 de agosto. Tres de los imputados han presentado recursos de reforma ante el propio juez y de apelación ante la sala de lo Penal..

El 22 de febrero de 2022, Anticorrupción abría, tras las denuncias de Más Madrid, PSOE y Podemos, una investigación contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso por un supuesto cobro fraudulento de una comisión de 55.000 euros de un contrato para el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un día después, tras una guerra interna en el partido, el caso se llevaba por delante al presidente nacional del PP, Pablo Casado, que había apuntado hacia un posible delito desde Génova.

La Audiencia critica la instrucción de la jueza de Azpeitia, que sobreseyó “sin exponer motivo o razón alguna”. Le obligar a realizar la pericial propuesta por la parte querellante, EH Bildu, que estimó un sobrecoste de las obras de 17 millones

Suicidio o accidente. La Guardia Civil no ve delito en la desaparición de Mari Carmen Fernández, la camarera de un barco del CSIC cuyo cuerpo aún no ha aparecido. Pero la familia pide explicaciones sobre por qué tuvo que coincidir en el barco, antes de zarpar, con un compañero al que denunció por agresión sexual.

García Castellón encargó el informe a Asuntos Internos pese a que la Unidad ya había informado en dos ocasiones anteriores al juez de que “Chisco” es Francisco Martínez. Los policías llegaron a esa conclusión en el marco del caso Kitchen, la pieza 7 que investiga las maniobras de sabotaje a la investigación judicial de la financiación irregular del PP y en la que Martínez está procesado. Anticorrupción pide 15 años de cárcel por la utilización de fondos reservados para espiar a Bárcenas en favor del PP.

La Justicia helvética se niega a facilitar información sobre la localización de Marta Rovira y sobre varias cuentas bancarias y afea al magistrado español su insistencia en vincular a los políticos independentistas con actos de terrorismo.

Era un secreto a voces pero nadie lo había verbalizado hasta ahora, menos aún en una declaración judicial. El chalet en la lujosa urbanización El Tossalet en Xàbia (Alicante) era de Rita Barberá, según la declaración de un constructor al que el principal investigado en el 'caso Azud' pagó en efectivo obras en la vivienda familiar. [...] El acta de declaración, incorporada al sumario del 'caso Azud', reseña los pagos en efectivo, de hasta 57.000 euros, por obras en la vivienda, situada en una de las zonas más exclusivas de la costa valenciana

La presidenta madrileña asegura que “había muertos en todas partes” y acusa a Más Madrid de falta de “dignidad” por insistir en que publique las actas de inspecciones a los centros dependientes de la comunidad. Ayuso ha asegurado este jueves que los mayores enfermos de COVID-19 al inicio de la pandemia se morían igual bien fuesen trasladados a hospitales o se quedasen aislados en las residencias de mayores

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha desgranado en la exposición de su informe las conclusiones del Ministerio Público en el juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' sobre la presunta caja B del PP de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007 y 2011. “Es indudable que el PP de València cometió fraude electoral”, ha dicho el fiscal ante el tribunal la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se investigue por cohecho al FC Barcelona por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, al concluir que éste no tiene la condición de funcionario público que exige el delito. La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si revoca la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,

La condena de Alberto Rodríguez, señala la última parada de los tribunales españoles, fue parcialmente injusta porque fue desproporcionada. Pero la decisión del Constitucional llega dos años y cinco meses después de la retirada del escaño y eso lleva a lo que algunos expertos en derecho denominan “justicia melancólica”. Porque le han dado la razón en dos sentencias distintas pero no hay mecanismo legales capaces de devolverle un escaño que le fue arrebatado, ahora de forma injusta, a mitad de legislatura.

El entramado empresarial de Laterne, usado por el PP de Rita Barberá para hinchar la supuesta caja B con la que financió la campaña electoral de 2007, ingresó un total de 616.000 euros provenientes de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), una entidad financiada con dinero público y dirigida por José Salinas, uno de los cuatro acusados en el juicio de la pieza A del 'caso Taula'. Los fondos se facturaron por parte de la empresa del fallecido Vicente Sáez por los supuestos trabajos para la elaboración de un plan estratégico.

Nuevo escrito del abogado de Carles Puigdemont en el caso Tsunami. Gonzalo Boye acaba de reclamar la nulidad de parte de las actuaciones al apreciar irregularidades en la prórroga de la instrucción. Argumenta que el juez instructor contaba con un plazo de 12 meses para dictar la extensión de la investigación y que se retrasó varios días. El caso Tsunami está removiendo los cimientos de la ley de amnistía debido a la acusación de terrorismo que pesa contra el expresident catalán y Marta Rovira.

Chivatazos anónimos, soplos con nombres y apellidos, borrado masivo de archivos delicados y un testigo protegido clave que desbarató sacó a la luz la presunta operativa de financiación ilegal del PP de València durante el mandato de la fallecida alcaldesa popular Rita Barberá. La primera sesión del juicio por la pieza separada A del 'caso Taula', relativa a la presunta financiación en B del PP de Rita Barberá durante las campañas electorales de 2007 y 2011, arrancó este martes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

La Audiencia de Valencia juzga a partir de este martes la pieza A del caso Imelsa, donde se han investigado posibles corruptelas de los más estrechos colaboradores de la entonces alcaldesa de València Rita Barberá para financiar supuestamente de forma ilícita al PP en los comicios de 2007 y 2011.

Una sentencia de genocidio es una mancha que a Israel -que utiliza el Holocausto como arma para justificar su brutalidad contra los palestinos- le resultaría difícil eliminar. Socavaría la insistencia de Israel en que los judíos son víctimas eternas. Destruiría la justificación para el asesinato indiscriminado de palestinos desarmados por parte de Israel y la construcción de la prisión al aire libre más grande del mundo en Gaza, junto con la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este.