El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Securitas Seguridad España S.A. un contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad para reforzar la protección de las tropas españolas en Letonia, integradas en la misión de la OTAN de disuasión ante Rusia.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que controla la legalidad de los contratos de la Administración autonómica, ha rechazado por “infracciones legales insubsanables” el gran contrato de 201 millones que el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP quería destinar a la sanidad privada, como plan de choque para ‘aliviar las listas de espera’.

Por "unanimidad", el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el polémico contrato.

Cinco días después del incendio, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Murcia se puso en contacto con Iberdrola para pedirle información. Los agentes solicitaron a la eléctrica datos sobre el tipo de contrato que tenían ambas discotecas. Iberdrola contestó que “ninguna de las dos discotecas dispone de contrato de suministro de energía eléctrica dados de alta con ninguna empresa comercializadora”.

La firma Ariete se ha llevado un contrato de 2,3 millones de euros. Pertenece a una exedil de Alcorcón. El PSOE lo define como “cacicada” y otras dos empresas han presentado sendos recursos

El exsecretario de Canet d'En Berenguer José Antonio Sancho Sempere, condenado y absuelto en varias piezas de la trama de asesorías que se destapó en 2013, vuelve a sentarse en el banquillo acusado de un delito de prevaricación junto al alcalde de San Antonio de Benagéber de 1987 a 2015, Eugenio Cañizares, y el secretario de este último municipio. La sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de València acusa a los tres de un delito continuado de prevaricación por la contratación ilegal de Sancho Sempere como abogado del municipio

La Comunidad y el Ayuntamiento acaban de licitar el contrato para el montaje y servicio del estand de Madrid en la feria de turismo Fitur, que se desarrollará a finales de enero de 2024 en Ifema

Todos los periodistas que se incorporan a los medios del grupo Axel Springer están obligados por contrato a defender al pueblo judío y al Estado de Israel.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco trabaja ya para rescindir el contrato con Serunión: la empresa del comedor de Ikasbidea

considera que la corporación cometió “fraude” al utilizar un contrato de actividades artísticas para establecer una relación laboral con el sustituto del presentador de uno de los programas estrella de la Radio Galega, Pensando en ti, saltándose en el proceso las listas de contratación. La sanción económica por cada uno de estos incumplimientos va de los 750 a los 7.500 euros. La decisión puede ser recurrida ante la Consellería de Traballo.

La mujer llegó hasta el Supremo que admitió a trámite su recurso de casación. El tribunal sostiene que el contrato de la trabajadora ha tenido una duración «injustificadamente larga» debido a la absoluta inactividad de la administración demandada para el cumplimiento de su obligación de convocar y ejecutar los procesos adecuados para que las vacantes pudieran ser cubiertas de forma indefinida. Impone costas de 800 euros a la Xunta.

Los contratos a dedo se vuelven contra Vox. La formación que lidera Santiago Abascal, una de las más críticas con las adjudicaciones de forma directa por parte de distintas administraciones, ha dado en los últimos años decenas de contratos sin respetar el principio de publicidad.

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por una empresa contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaraba nulo el despido disciplinario de un trabajador basado en las pruebas obtenidas por un investigador privado. Tanto el juzgado de instancia como el TSJ habían considerado que se trataba de una prueba ilícita y que, por tanto, no podía servir como fundamento para despedir al empleado.