La mujer llegó hasta el Supremo que admitió a trámite su recurso de casación. El tribunal sostiene que el contrato de la trabajadora ha tenido una duración «injustificadamente larga» debido a la absoluta inactividad de la administración demandada para el cumplimiento de su obligación de convocar y ejecutar los procesos adecuados para que las vacantes pudieran ser cubiertas de forma indefinida. Impone costas de 800 euros a la Xunta.
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