El PP de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a un mensaje del periodista Manuel Rico, que desveló en infoLibre en junio de 2020 la existencia de este protocolo, sobre la noticia de que los conservadores y Vox se unieron para tumbar en la Asamblea la comisión de de estudio sobre las residencias de mayores durante la pandemia. "Qué políticos más raros: están orgullosísimos de la gestión que hicieron, pero no quieren que se conozca", tuiteó el lunes por la noche el periodista.

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia, tal y como ha podido saber ElPlural.com. Un contrato no exento de polémica y que fue firmado por Dávila cuando ésta ocupaba el cargo de viceconsejera de Asistencia Sanitaria, puesto que ostentó entre septiembre de 2019 y octubre de 2020.

El celador, ya detenido, trabajaba en una residencia de San Sebastián de los Reyes, Madrid, y sus víctimas tenían 90 y 100 años. La residente de 100 años fue la primera en denunciar la agresión y fue entonces cuando tan solo se actuó cambiando al presunto agresor de planta. Poco después, otra residente de 90 realizó otra denuncia por el mismo motivo, y el centro puso en alerta a la Policía de lo que estaba ocurriendo. Los agentes no descartan que todavía se puedan conocer más víctimas y por ello repasan toda su vida laboral.

Una intervención de Carmen López, de Marea de Residencias, en la Comisión de Asuntos Sociales, ha desatado la tensión. “Vienen a intentar retorcer el dolor”, ha llegado a decir una diputada del PP a la mujer, que vio morir a su madre en 2020

ElPlural.com ha tenido acceso a conversaciones entre Laura Grela Rego quien, junto a su hermana Marta, ha llevado por primera vez la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid a la Audiencia Nacional. Todos los detalles quedan explicados por este medio en otro artículo. Lo que el lector puede ver y escuchar en las presentes líneas es el diálogo entre la hija y una doctora del centro de mayores Orpea, en Villanueva de la Cañada. En él, los protocolos de la vergüenza -firmados los días 20, 24, 24 y 25 de marzo- que impidieron el trasl..

El detenido fue arrestado y liberado bajo fianza con una orden de alejamiento de 200 metros de la residencia y de las víctimas

Las actas policiales tramitadas durante lo más duro de la pandemia en 2020 revelan las condiciones de estos centros de mayores. Un alto porcentaje no tenía suficiente personal sanitario. Más Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía con estos documentos. Las 198 actas de inspección que la Policía Municipal de Madrid levantó durante lo peor de la pandemia de 2020 son un buen reflejo de lo que se vivieron aquellos trágicos días en las residencias de la capital. Según un análisis que ha hecho Infobae España de todas las actas, hechas públic

Ayuso, fuera de sí, cuando el periodista Carmelo Encinas le pregunta por las residencias de Madrid durante la pandemia. Miente sobre el protocolo de la vergüenza, sobre las actas policiales, sobre los traslados... Muy nerviosa, reacciona de forma grosera con el periodista.

Los juzgados que archivan las querellas contra Ayuso por las residencias lo hacen sin investigarla, mientras la Audiencia ha dado hasta tres “toques” a los tribunales por no abrir diligencias contra cargos políticos. Algunas demandas siguen su curso.

El pasado 11 de octubre de 2023, Nadia (nombre ficticio) acudió a la residencia de ancianos Casa de la Misericordia de Pamplona para incorporarse a su nuevo puesto de trabajo. Había sido convocada para cubrir una baja por el Grupo ONE, la empresa que la seleccionó y le indicó el día y la hora a los que debía empezar su empleo, aunque aún no había firmado el contrato. Nunca llegó a firmarlo: “Me dijeron que debía quitarme el hiyab”, cuenta a elDiario.es la trabajadora tras denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena a una trabajadora de la residencia Arganda del Rey por un delito leve de lesiones por haber "propinado dos bofetadas en la cara" a una residente de 93 años, María Honorato, que le causaron "lesiones por las que tardó siete días en curar". El magistrado impone el pago de una indemnización de 210 euros para la anciana, además de una multa de tres meses con cuota de 6 euros diarios. Relacionada: www.meneame.net/story/madre-levanta-cara-marcada-nadie-nos-avisa-denun

Miguel Ángel Ortega se plantó aquel día tras ver sobre el plato el enésimo filete de pollo crudo. A partir de entonces, cada vez que la comida no estuviera en buenas condiciones habría una protesta en el comedor. “Consiste en ponernos de pie, los que podamos, hasta que retiren el alimento servido, tomando asiento de nuevo para recibir el segundo plato. Al día siguiente, en la mesa había otra vez garbanzos duros. “La gente me miró. Un compañero se levantó, se acercó y me preguntó en bajito: ¿qué hacemos?”

La revisión sistemática liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, que incluyó 13 investigaciones científicas sobre la supervivencia de mayores de residencias hospitalizados, arroja luz sobre este aspecto. Los resultados desmienten las afirmaciones de Ayuso y sugieren que las decisiones políticas podrían haber tenido un impacto directo en el alto número de fallecimientos. La mortalidad en las residencias concertadas, publico-privadas, fue hasta tres veces mayor que la que se registró en los de gestión pública.

'Se necesitan discursos así': Mónica García retrata en minuto y medio la actuación del PP de Ayuso con las residencias