El juez de Púnica rechaza prorrogar la instrucción, como le habían solicitado varias partes, al considerar que ya se han agotado las diligencias destinadas a esclarecer la presunta financiación del PP madrileño

También pide que no se acepten más diligencias de investigación

El caso Púnica forma una complicada madeja que, paso a paso, el juez Manuel García-Castellón va desenredando. El magistrado de la Audiencia Nacional, que todavía mantiene vivas seis líneas de investigación de este macrosumario de corrupción, ha procesado al empresario David Marjaliza, a nueve exalcaldes de la Comunidad de Madrid y Extremadura —siete del PP, uno del PSOE y otro del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA), etc.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), bajo cuya coordinación actúa el PSOE, en la trama 'Púnica' solicita para el 'cerebro' de la trama, el que fuera secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, 38 años de cárcel y una multa que asciende a los 15,5 millones de euros por los contratos con la empresa Waiter Music.Para el exsenador de los 'populares' David Erguido, Adade pide 13 años y seis meses de prisión por los mismos delitos que se le imputan a Granados

El primer juez del caso Púnica, en el que se investiga a Francisco Granados, ordenó en 2015 el embargo de las obras de arte incautadas en Suiza a otro de los principales imputados, David Marjaliza. Seis años después, la Audiencia Nacional ha solicitado al país helvético que las ponga a disposición de la Justicia española. Lo ha hecho a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con el visto bueno del propio Marjaliza, socio del exconsejero madrileño y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados

Suiza acepta, tras más de seis años de gestiones judiciales, repatriar 18 cuadros, cinco fotografías, cuatro esculturas y 185 estilográficas de colección intervenidas al empresario David Marjaliza en Ginebra. Las obras de arte que el empresario David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama Púnica, ocultaba en un almacén de Ginebra (Suiza) están a punto de iniciar su regreso a España.

El juez que ha investigado el caso Púnica, con Francisco Granados como principal imputado, ha puesto fin a la instrucción de cuatro de las nueve piezas que quedaban abiertas, si bien ha acordado seguir indagando en la presunta financiación irregular del PP de Madrid al menos tres meses más.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha dictado este jueves un auto por el que prorroga tres meses la investigación de la pieza 9 de esta macrocausa de corrupción, centrada en la supuesta financiación irregular del partido en Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre mediante el desvío de fondos públicos. De este modo, el magistrado acepta la petición que había hecho la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción de no dar por concluida la instrucción de esta línea de investigación

El magistrado levanta el secreto de sumario de la pieza numero 12 tras acotar el dinero en el extranjero de cabecillas de la trama...El exalto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre y exconsejero delegado de Arpegio desvió parte de su patrimonio a Suiza como ya hicieran otros implicados en esta trama cuya instrucción se aproxima a su fin.

Almeida quiere colocar a Erguido en el puesto de director de Estudios, Estrategia y Comunicación que hasta hace unas semanas ocupaba Orlando Chacón. Este último consiguió el acta de diputado autonómico en la Asamblea regional dentro de la lista del PP que encabezó Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4-M. Este puesto directivo dentro de la EMVS no existía antes de mediados de 2019. Se creó en aquel momento, tras las elecciones municipales, ya que Chacón no consiguió entrar de concejal en el Ayuntamiento de Madrid con Almeida. El salario..

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción en su petición de reabrir la investigación de un amaño con suelo público en Valdemoro, investigado en el marco del caso Púnica, que el juez instructor, Manuel García Castellón, había decidido archivar. En las pesquisas confluyen, entre otros, el principal acusado, Francisco Granados, dos empresarios de su entorno presuntamente criminal y El Corte Inglés, sociedad que en este caso también se habría beneficiado de la corrupción en el municipio madrileño.

Adade pedía su imputación como supuesta responsable de la "consumación del plan puesto en marcha" por Granados.

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal se libra del caso 'Púnica'. El juez Manuel García Castellón ha rechazado la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) de imputar a la exdirigente 'popular' en una de las piezas de la macrocausa en la que también se encuentran investigados los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González. De este modo, la que también fuera ministra de Defensa esquiva una segunda imputación en la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Púnica' ha desestimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de realizar nuevas diligencias en la pieza separada relativa a la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid. Echa en cara al Ministerio Público que interese ahora la declaración en sede judicial de varios investigados y testigos, y que lo fundamente en datos que "constan en el sumario desde el año 2017".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa 'Púnica' ha acordado abrir una nueva pieza separada, la número 13, para investigar la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y que podrían acreditar la existencia de un sistema de facturación impuesto "que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid". En una de las facturas que entrega al juez llega a hablar que se pasa de 4.000 euros a 74.000 euros. A esto suma que también se real

Desvela un 'pelotazo' fallido en Ciempozuelos entre los principales cabecillas de la trama cuyas firmas están bajo sospecha por adjudicaciones públicas. La Policía Judicial al frente del caso Púnica ha remitido un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que acredita indicios que apuntan que uno de los constructores claves de esta trama, Ramiro Cid Sicluna, integró en sus sociedades parte del patrimonio del exsecretario general del PP madrileño.

El juez Manuel García-Castellón ha decidido archivar la línea de investigación abierta en el caso Púnica contra Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ha dictado este martes un auto donde acuerda el sobreseimiento del procedimiento abierto contra la exdirigente del PP, a la que se le atribuían presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea regional en las licitaciones de 2009 y 2011.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ve claro que la investigación al exalcalde de Alcobendas y excomisionado para Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid Ignacio García de Vinuesa no haya arrojado indicios, por lo que corrige al juez Manuel García Castellón y ordena mantenerle imputado y para averiguar si se benefició de informes para la mejora de su imagen en internet pagados con fondos públicos, en el marco de corrupción Púnica. El tribunal entiende archivo por parte del instructor fue "precipitado".

Luis Gálvez, el empresario al que Bárcenas acusa de haber entregado 60.000 euros en negro para la campaña electoral de Esperanza Aguirre de 2007, compareció este lunes como testigo en el juicio de la caja B. El expresidente de la constructora Ploder negó los pagos que se reflejan en los papeles del extesorero, pero la comparecencia fue aprovechada por una de las defensas: el abogado del PP, Jesús Santos, pidió incorporar al procedimiento el auto con el que el juez Manuel García-Castellón acaba de levantar la imputación de Gálvez en Púnica.

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la solicitud de sobreseimiento argumentando que quedan aún diligencias importantes por practicar.

La multinacional Indra quiere evitar ir a juicio por la causa de la caja B del PP de Madrid. Consciente de que esta investigación penal está aproximándose a su fin, la empresa ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para pedir que se le desligue de cualquier irregularidad. El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, imputó a la consultora hace poco más de un año al considerarla como un instrumento de desvío de fondos del Gobierno regional de entonces.

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para aportar, en el marco del caso ‘Púnica’, todos los datos que conozca sobre la presunta caja ‘b’ de la formación política, en especial la de los ‘populares’ madrileños, cuya contabilidad se está investigando en una de las piezas separadas de la macrocausa.

Los investigadores han rastreado en siete paraísos fiscales el dinero de los cabecillas de la trama para acotar el movimiento de sus fondos en el extranjero. El documento concluye que mantuvo cuentas en Suiza entre los años 2000 y 2006 y que parte de este capital se transfirió a su entonces socio, el constructor David Marjaliza y terminó en Singapur a nombre de terceros. Las pesquisas determinan que el flujo de capitales se produjo apenas medio año después de que el político aterrizara en la alcaldía de Valdemoro en 1999.

El extesorero del PP pidió hablar también en la pieza de la caja 'B' del PP madrileño tras ofrecerse en la causa de sus papeles y en el caso Villarejo.