Según la Sala del juez Marchena, puede llamarse terrorista a cualquier protesta que cause "desasosiego". Ésta apariencia de parcialidad resultan inaceptables en un sistema democrático. Los jueces del Supremo, designados por un órgano político, quieren hacer política sin presentarse a las elecciones. Además lo hacen amenazando derechos tan esenciales como el de protesta y la presunción de inocencia. Quienes realmente crean desasosiego y terror en la sociedad son este tipo de magistrados, pero no parece que por ahora vayan a responder por ello.

Varios imputados en el caso Tsunami Democràtic, incluida la dirigente de ERC Marta Rovira, han alegado ante el Tribunal Supremo que el plazo de investigación expiró el 29 de julio de 2021 sin que ninguno, tampoco el expresidente catalán Carles Puigdemont, declararan por estos hechos, de modo que, sostienen, la causa debe decaer. Una cuestión “relevante” en la tramitación de la causa que, subrayan, está “ausente” en la exposición razonada que el juez Manuel García-Castellón dirigió al Supremo para que investigase por terrorismo a Puigdemont

El juez Aguirre explica que realiza esta petición a la Audiencia Nacional por lo que “se desprende” de informaciones periodísticas. La providencia del juez ha causado sorpresa y desconcierto a fuentes jurídicas, toda vez que es en el sumario que instruye el juez Aguirre donde hasta ahora hay más datos sobre la presencia de diplomáticos y ciudadanos rusos en las fechas más candentes del procés en 2017, y como intentaron (y consiguieron) llegar hasta las dependencias de la Generalitat que dirigía Carles Puigdemont y reunirse con algunos exaltos c

Los órganos legítimos que representan a la soberanía nacional ven obstaculizada su acción por poderes ocultos.

"Las leyes no son arcanos, aunque tengan intérpretes privilegiados en los juristas, y por tanto todo ciudadano puede y debe leerlas y entenderlas, lo que no deja en muy buen lugar el desempeño del algunos togados"

En su escrito, remitido a todos los europarlamentarios, Puigdemont acusa directamente al PP de haber inventado un discurso para manchar su imagen y su reputación. "Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, todos estos espectáculos no se habrían producido". También sostiene que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la causa contra Tsunami Democràtic, decidió investigarle por terrorismo el mismo día en que, a priori, se iba

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión de Manuel García Castellón de reabrir una investigación por los homenajes a presos de ETA al salir de la cárcel (ongi etorri) que el juez tomó meses después de que él mismo hubiera puesto fin a la instrucción. García Castellón reconoció que había revisado la causa para tomar esa decisión y que lo hacía a propuesta de Dignidad y Justicia, asociación presidida por un diputado autonómico del PP, y a la que se adhirieron a propia formación que lidera Alberto Núñez Feijóo y la AVT.

La primera entrevista, bajo el título ‘Nuestra Agrcultura’, tendrá lugar este viernes, 2 de febrero, con el presidente de la Asociación Independiente de Agricultores Valencianos (ALIV), Víctor Viciedo, como protagonista, y contará con la presencia de nuestro diputado en el Congreso por Castellón, Alberto Asarta. Además, como colofón final cerrará el acto la presidente provincial y presidente de las Cortes Valencianas, Llanos Massó.