La Guardia Civil, dentro del marco de la operación Alhedizos ha detenido a un vecino de Tarragona por sendos delitos de estafa tecnológica. El hombre llegó a estafar un total de 85.000 euros. Para ello utilizaba el método conocido como “Man in the Middle”, que consistía en interceptar las comunicaciones electrónicas entre ayuntamientos localizados en diferentes provincias y las empresas que prestaban servicios a estos consistorios.

Estima el recurso de un ciudadano al que se exigió demostrar que estaba al corriente de pago de la Seguridad Social para renovar permisos de residencia y trabajo. El TS ha fijado doctrina para recordar a la Administración que los ciudadanos no tienen obligación de aportar documentos que ya obran en su poder y que esta prerrogativa está fijada por la ley. Así lo establece en una sentencia dictada el pasado 12 de enero por su Sala de lo Contencioso-Administrativo y que añade que deben ser los propios gestores públicos los que reclamen los datos..

La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.