El Banco de España alerta de que la vivienda bloquea la movilidad de profesionales y está provocando que incluso trabajadores con salarios altos rechacen ofertas. Sectores y puestos específicos que exigen presencialidad son de los más afectados. Para intentar atraer talento, muchas empresas mejoran condiciones, suben salarios y flexibilizan el teletrabajo. "Las empresas pierden competitividad. Suben salarios, aumentan sus costes y generan varios efectos que van en contra de cualquier economía", explica el presidente de COGITI.

Este sería uno de los problemas a los que se enfrentaría el proyecto de empresa pública de construcción de viviendas. “Las competencias en materia de construcción son de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos, y no solo serían las gobernadas por el PP las que se opondrían". “España no tiene fondos para hacer algo así y tendría que endeudarse o subir los impuestos en busca de financiación y apoyarse en el sector privado". Esto dispararía los costes, además “no hay sitio para construir más en nuestro país" y el proceso tardaría años.

Una ordenanza que entrará en vigor en febrero contempla multas de hasta 1.500 euros a las personas que vivan en vehículos: actualmente hay unas 400. [en catalán]

La vivienda como bien de primera necesidad es una de las tres preocupaciones de los españoles, según los últimos CIS. Pese a tener una salvaguarda al derecho a una vivienda digna en el artículo 47 de la Constitución, los resultados demuestran que estamos muy alejados de este escenario.

El gasto público en España muestra una clara disparidad entre diferentes áreas prioritarias. Mientras que el Estado invierte más en actividades culturales y de ocio que en vivienda, las pensiones absorben la mayor parte del presupuesto público, dejando poco margen para otros sectores cruciales.

En Idealista se anuncia una vivienda en alquiler por 1.400 euros al mes y en el mismo barrio, a pocos metros, se pueden comprar apartamentos de unos 50 metros, con vistas al exterior, por 400.000 o medio millón de euros. En el número 10, hay cuatro inmuebles que Blackstone deberá vender a sus inquilinos por unos 68.000 euros, el mismo precio al que se lo compró al Ayuntamiento de Madrid. Una de las afectadas por la venta de vivienda pública a un fondo buitre por parte de Ana Botella en 2013 celebra la decisión del Supremo.

"Si analizamos el motivo principal de la mudanza, observamos que tres de cada diez mudanzas son desplazamientos forzosos, que incluyen situaciones como la no renovación del contrato, la subida inasumible del precio del alquiler, la incapacidad de seguir pagando, una orden de desahucio o presiones y acoso por parte de la propiedad", recoge el informe, en el que han participado expertos de varias universidades.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a cuatro inquilinas de Blackstone, a los que deberá vender sus viviendas al mismo precio, de saldo, por el que las compró al Ayuntamiento de Madrid: 68.000 euros. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala a la Audiencia Provincial, que ya había señalado en 2019 que el fondo buitre tenía que respetar el derecho de retracto de estas familias, reconocido en los contratos que firmaron con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y que les daba prioridad para la adquisición de los inmue

Las familias de alto nivel adquisitivo compran casa en España, después tener una en su país de origen y de Estados Unidos. Ante la avalancha de familias mexicanas, venezolanas o peruanos llegados a la capital española, muchos “están mirando otras zonas, como Almagro y Chamberí, porque no quieren estar cruzándose todo el rato con conocidos”

Rodrigo añadió también: "Somos el contrapeso al intervencionismo del Gobierno de Sánchez, que criminaliza a los propietarios y fomenta la ocupación". Curioso, por cierto, que con tanta ocupación haya quien quiera invertir aquí, pero esa es otra historia. La imagen de un consejero de Vivienda emocionado con la marcha del negocio inmobiliario pese al colosal problema con la vivienda que sufren los habitantes de su Comunidad lo dice todo. Lo dice a gritos, incluso. Estas son algunas de las respuestas que ha recibido su mensaje.

“Vivir de alquiler en España es sinónimo de inseguridad vital y estrés financiero”. Es la principal conclusión a la que llega el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) en su último trabajo, Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley, un estudio coordinado por Pablo Pérez, Jaime Palomera y Marta Ill. La organización compara la situación española con la de otros Estados europeos como Francia, Alemania y Países Bajos: “Mientras en estos países los alquileres son por norma indefinidos y sólo pueden rescindirse por causas justificada

Vivir de alquiler en España es sinónimo de "pobreza severa" y "estrés financiero". Así lo constata el informe Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley, publicado este miércoles por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Los autores calculan que uno de cada tres hogares dedica más del 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. La situación es más crítica –si cabe– en las grandes capitales: dos tercios de los inquilinos tienen que reservar más del 60% de la nómina para abonar la mensualidad; el porcentaje sube hasta el

La pequeña parroquia de Casaio, situada en el municipio de Carballeda de Valdeorras, Ourense, enfrenta una situación crítica: su escuela unitaria, que cuenta con menos de diez alumnos, podría cerrar si no se incrementa el número de matriculaciones para el próximo curso escolar. La Xunta de Galicia evalúa este tipo de cierres en función de la falta de alumnado, lo que ha encendido las alarmas entre los vecinos y la Comunidad de Montes local. Se han puesto manos a la obra lanzando una oferta que puede resultar atractiva a algunas familias .

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb o el banco malo, tiene el mandato de liquidar todos sus activos y disolverse de cara a 2027. La empresa participada mayoritariamente por el Estado tenía en su cartera, a fecha de 26 de enero de 2024, 50.000 viviendas, tal y como relataban fuentes de la sociedad a ElPlural.com. Apenas diez meses después ha llegado el anuncio del Gobierno de crear una empresa pública de vivienda

La crisis del acceso a la vivienda en Madrid sigue alcanzando nuevas cotas de precariedad. Un hostal en el barrio de Opañel, en Carabanchel, ha lanzado una propuesta que, lejos de solucionar el problema, pone de manifiesto hasta dónde se han normalizado las condiciones limitadas de alojamiento. Por 395 euros al mes, estudiantes y jóvenes trabajadores pueden alquilar una cápsula de tres metros cuadrados como lugar para dormir.

Ante un público entregado en el 41 Congreso Federal del PSOE, el secretario general del partido y presidente español, Pedro Sánchez, confrontaba la presión de la derecha a la iniciativa del Gobierno: “¿Que la derecha critica la ley de vivienda? Pues tengo un anuncio importante que hacer a los españoles: vamos a crear una empresa estatal de vivienda”. Entre aplausos, gritos y puños alzados, la propuesta se convertía en el principal anuncio del Congreso del PSOE, que finalizaba el domingo 1 de diciembre.

Con un 2,5 % de vivienda social, España está a la cola de los países europeos (solo por detrás de Portugal y Rumanía) en lo que a acceso a vivienda protegida se refiere. Esto impide ofrecer soluciones a una buena parte de su población para cubrir sus necesidades habitacionales. Hemos analizado si la gestión del suelo público ha servido para la creación de viviendas de protección pública y su relación con la crisis de la vivienda que se vive en España.