Los abogados del Estado se han sumado hoy a toda la carrera judicial española en su rechazo al pacto de Sánchez con Puigdemont. Estos abogados, que dependen del Ministerio de Justicia, se unen así a los jueces decanos de 70 partidos judiciales y a los presidentes de las audiencias provinciales, en apoyo al manifiesto suscrito por los fiscales y las asociaciones judiciales españolas sobre las referencias que se hacen en el pacto a la “judicialización de la política” y sus consecuencias, lo que se conoce como ‘lawfare’.

La Fiscalía se ha opuesto este lunes al recuento del voto nulo que pide el PSOE para recuperar el escaño con el que bastaría la abstención de Junts en la investidura de Pedro Sánchez. En sus alegaciones ante el órgano de garantías, a las que ha tenido acceso ABC, el fiscal Pedro Crespo considera que la sentencia del Supremo que rechazó la pretensión del PSOE por unanimidad se ajusta a la doctrina constitucional.

Los socialistas intentaban así recuperar el escaño 122 que perdieron en manos del PP tras el recuento de las papeletas de los residentes en el extranjero. La JEC argumenta que no hay irregularidad que aconseje la revisión. El PSOE hizo esta petición después de quedarse a 1.300 papeletas del PP en la capital, aunque la Junta Electoral Provincial de Madrid ya anticipó el rechazo que este lunes ha confirmado la JEC, ya que considera que no hay ningún "indicio de irregularidad" que aconseje recontar estos 30.000 votos.

Isabel Díaz Ayuso se opuso este miércoles a aceptar el pacto presupuestario que le ofrece el PSOE para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus (“No cuela”, dijo), y con ello rodeó de incógnitas el futuro de la legislatura. La líder del Ejecutivo formado por PP y Cs, que gobiernan en minoría y no han logrado aprobar ninguna ley, vio cómo el portavoz parlamentario de su socio sí se mostraba proclive a un acuerdo de todos los partidos: “Tenemos demasiados muertos como para decir ‘con usted no quiero pactar”, dijo César Zafra. Fue cri

La negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha generado malestar en distintos sectores de Sumar por sentirse ninguneados por los socialistas, aunque el equipo de Yolanda Díaz se esfuerza por reivindicar su influencia en los nuevos nombramientos.

La exministra de Asuntos Sociales con el Gobierno de Felipe González y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Cristina Alberdi ha fallecido este jueves a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

Los votos a favor de PSOE y Unión del Pueblo Leonés, los partidos que soportan el gobierno en la institución, han permitido sacar adelante en la Diputación provincial de León la moción que pide segregarse de Castilla y crear una autonomía propia para las tres provincias que conforman la región leonesa: León, Zamora y Salamanca

El Diputado de ERC Gabriel Rufián, mostró su disconformidad con el reciente acuerdo para la renovación del CGPJ entre PSOE y PP, por considerar que las cosas no cambiarán de verdad hasta que el hijo o la hija de un trabajador puedan competir en igualdad dentro de una carrera judicial absolutamente endogámica y elitista.

Irene Montero va más allá y advierte de que esta «gran coalición» entre socialistas y populares implicaría «de facto el inicio de una nueva legislatura» «Nos imponen de nuevo la gran coalición», ha dicho la exministra de Igualdad, a la vez que acusa al PSOE de «aparentar hacer algo de izquierdas» mientras «busca una alianza estable con el PP para asuntos de Estado».

Sumar se ha mostrado satisfecho por el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y destaca que está presente en la terna de vocales propuestos al negociar con el PSOE el bloque progresista de juristas, en proporción al peso de cada formación. Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios sobre el pacto sellado esta tarde entre PSOE y PP, para asegurar que la exigencia de los populares de que los jueces elijan a los representantes del órgano de gobierno de los jueces no está dentro...

El PP y el PSOE estuvieron en el otoño de hace dos años a punto de sellar la renovación del CGPJ, pero Feijóo ordenó levantarse de la mesa. La presión del ala dura del PP, con Isabel Díaz Ayuso en primera fila, desbarató el pacto, aunque en público adujeron que el motivo era que el Gobierno les había engañado con la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y modificar la malversación. Ese acuerdo de 2022 ya incluía, como el de hoy, la ampliación de 15 a 20 años la experiencia necesaria para ser magistrado en el Supremo,

Tras casi seis años de bloqueo, el PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El pacto se ha sellado tras una reunión entre el ministro Félix Bolaños, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons en Bruselas. La firma tendrá lugar a las 17:30 horas en las sucesivas ruedas de prensa que realizarán González Pons y Bolaños con la Vicepresidenta Jourová.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue modificada en el año 2015, introduciendo nuevos poderes y facultades para la Policía. Establecía todo un sistema de control sobre la protesta, con multas para reprimir y ahogar a movimientos sociales y activistas. Limitaba, en suma, el ejercicio de derechos fundamentales. Es la conocida como Ley Mordaza, aprobada el 1 de julio del mismo año como reacción del gobierno del PP a las movilizaciones del 15M y hoy, 9 años después, continúa en vigor. Levantó muchas críticas, el PSOE prometió derogarla, pero ahí sigue.

La máxima dirigente del PSOE en Balears, Francina Armengol, se había comprometido a votar a favor de un nuevo presidente que fuese del PP. Los conservadores alegan que “ni el Partido Socialista ni la señora Armengol tienen ninguna credibilidad a la hora de ofrecer sus votos al Partido Popular”

El Tribunal Constitucional anulará las condenas por malversación a los altos cargos de la Junta de Andalucía que no formaban parte de la Consejería de Empleo porque se limitaron a ejecutar una ley que fue aprobada por el Parlamento andaluz con transparencia ya que las leyes de presupuestos contemplaban las partidas aprobadas. Una ley no delinque es un principio básico del derecho,

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

Las mismas fuentes explican que no ha sido hasta hace unos días que las acusaciones han podido acceder a la documentación obrante en la causa, y que recoge los indicios contra González Amador, en especial el informe de la Agencia Tributaria. Esto les ha impedido, continúan, estudiar con detalle el caso.

La exministra socialista de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez se ha declarado este viernes "segura" de que el Tribunal Constitucional (TC) se comportará con los recursos de amparo presentados por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por sus condenas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos del mismo modo que con el suyo, que ha sido estimado parcialmente, al tiempo que ha señalado que es "falso" que en dicho fraude se hayan malversado...