La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ceja en su empeño de investigar a Telegram por la difusión masiva de contenido pirata a partir de la denuncia de varios operadores de televisión. Tras no obtener respuesta de la aplicación de mensajería en su sede de Islas Vírgenes, el ministerio público solicita ahora al juez Santiago Pedraz que se dirija a Bélgica en busca de datos sobre cuentas que emiten gratis cine y series de televisión como las populares telenovelas turcas, de gran éxito en España.

El bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram en España no se va a producir. Después de anunciar el pasado fin de semana el cierre de la aplicación, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha tomado la decisión, en la tarde de este lunes, de suspender completamente la orden con la que intentaba dejar la plataforma inaccesible en territorio nacional.

"Pedraz ve un yogur caducado y desenchufa la nevera". Las redes han sido testigos de la cantidad de comentarios que este asunto ha suscitado.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, revoca definitivamente su decisión de apagar la aplicación de mensajería ante la gran incidencia de la medida entre sus más de 8 millones de usuarios en España

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado suspender el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram que acordó el pasado viernes. En una providencia fechada este lunes, el juez solicita a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la plataforma así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal.

Es como si el dirigente de esa provincia se negara a colaborar con la policía para garantizar el anonimato y la libertad de toda la población, incluyendo a los delincuentes. Y esta actitud pone encima de la mesa un debate que trasciende lo jurídico. “Este debate es viejo, ya lo tuvimos en los años noventa con las redes P2P, que se intentaron cerrar”, explica. Entonces los jueces resolvieron que compartir contenidos entre particulares no es delito si no hay ánimo de lucro. Compartir canciones en eMule es tan legal como subir series a Telegram.

Las operadoras de telecomunicaciones no han recibido aun la orden de bloquear la red social Telegram dictada este sábado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por usar sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor, según fuentes del sector.

El magistrado admite la querella del partido contra el número dos de Interior con Rajoy, el jefe operativo de la Policía nombrado por el PP y otros cargos por “presuntas investigaciones prospectivas” y sin control judicial, al tiempo que rechaza investigar por ahora a Fernández Díaz y otros mandos policiales

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado archivar la causa en la que se investigaba la ampliación de capital del Banco Popular en 2012. En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado estima que no hay perpetración de delito.

El juez de instrucción ya salvó en una ocasión a Banco Santander de un caso de blanqueo de capitales en el que los peritos del Banco de España habían presentado un informe en el que las conclusiones eran clarísimas respecto a que la entidad sí que había participado en un esquema de lavado de dinero. Pedraz archivó la causa, a pesar de las evidencias. Las dos grandes causas penales del caso Popular fueron repartidas a Fernando Andreu y a Pedraz, dos jueces amigos del abogado, mediador y lobista del Santander Manuel Medina.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa por blanqueo a Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, al concluir, nueve años después de su detención por este caso, que no hay base "siquiera para apreciar indicios de delito alguno". En un auto, adelantado por El Mon y al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda el archivo de la pieza separada que abrió a Oleguer Pujol Ferrusola por supuesto blanqueo a través de ...

La Audiencia Nacional, tras cinco años de investigación, finaliza la investigación sobre las supuestas donaciones al PP por parte de empresarios a cambio de adjudicación de obra pública