La ocultación de información o documentación mediante su clasificación como secreta debe ser una excepción en cualquier democracia; y, como tal, tanto la normativa reguladora como su aplicación deben ser muy restrictivas. El grave problema que se genera es que la ocultación de dicha información durante años afecta a derechos fundamentales de las personas; en concreto, al derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, reconocidos en la Constitución española.

El anteproyecto de ley de Información Clasificada esconde una 'trampa' que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, olvidó comentar en su presentación: su régimen sancionador. Las multas pueden alcanzar 3 millones de euros y sería la enésima 'ley mordaza' en España. Los informantes que se atrevan a desvelar prácticas corruptas en las Administraciones Públicas lo van a tener un poco más difícil.También puede afectar a periodistas que difundan "por cualquier medio" dicha información, según este anteproyecto.

Episodios de la historia de España como el 23F o la salida del Sáhara, la venta de armas a otros países o los viajes del presidente del Gobierno son algunos de los asuntos que siguen clasificados.

Dos muertes en Erandio (Bizkaia) a manos de la policía armada en 1969 y otras cuatro en el atentado parapolicial en la localidad vizcaína de Alonsotegi en 1980 siguen envueltas en la impunidad, vetados sus expedientes en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, pese al clamor de los familiares. Son algunos de los crímenes

Arancha González Laya ha declarado esta mañana en calidad de investigada. "Todo se ha hecho conforme a la ley", ha dicho. La ex ministra ha esquivado algunas preguntas del instructor amparándose en que muchas de las cuestiones por las que le preguntaba eran de carácter secreto.

Al amparo de la Ley de Transparencia, lamarea.com solicitó a Defensa los expedientes por diferentes comportamientos fascistas dentro de las Fuerzas Armadas. Al ritmo de un himno de la División Azul y dentro de un recinto militar en Paracuellos del Jarama, varios militares vestidos de calle hacían el saludo nazi durante la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de las tropas de Infantería, en 2019. Un año después, y después de que lamarea.com lo desvelara, el Ministerio de Defensa sancionó a tres militares por una falta leve.

La lista de asuntos clasificados como materia secreta y materia reservada en España es larga y secreta. Desde 1968, cuando se aprobó la vigente Ley de Secretos Oficiales, se han clasificado innumerables cuestiones con el objetivo de apartarlas del conocimiento público, presumiblemente en aras de salvaguardar la seguridad nacional, pero no siempre en así. No existe ni control judicial ni control parlamentario, ni mucho menos, control periodístico, sobre las materias secretas, ni siquiera se conoce ni el número ni la identidad de esos secretos.

El Gobierno se escuda para no dar la información a Vox en la Ley de Secretos Oficiales y en una resolución de la Audiencia Nacional

La ausencia de control parlamentario a las exportaciones de armamento español, que pueden ser autorizadas por el Gobierno sin que se conozca más detalle, se salta la legalidad nacional e internacional. La Ley de Secretos Oficiales, aprobada en pleno franquismo y hoy vigente, permite la opacidad total en el comercio bélico.

El Gobierno, durante la última legislatura y con Pedro Sánchez en La Moncloa, utilizó de manera ilegal el secreto oficial para ocultar información a la ciudadanía. Si el Ejecutivo quiere velar un dato, debe servirse de la Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968, y que detalla los requisitos para llevar adelante el procedimiento. El factor clave del trámite es que el Consejo de Ministros rubrique un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar. Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió..

El Congreso, a iniciativa del PNV, quiere reformar la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 que de aprobarse cambiaría en profundidad la norma. La Mesa del Congreso acordó ayer martes no volver a prorrogar el plazo de enmiendas al articulado de la proposición de reforma planteada por el PNV que defiende desclasificar en veinticinco años los documentos calificados como secretos y en diez los reservados. El PP y el PSOE han presentado más de cuarenta enmiendas a la propuesta de reforma

La ley franquista de secretos oficiales pervive sin límites temporales en los archivos de toda España y la actualización de esta ley,aprobada por el Congreso,permanece aparcada.La Ley de Patrimonio impide consultar la ficha de los agentes hasta 25 años después de su muerte.Las materias clasificadas afectan a casos de los últimos años del franquismo, la Transición y el golpe del 23-F.Expedientes de secuestro de los Grapo como el caso Oriol y Villaescusa son algunos de los documentos ocultos a investigadores.Sus datos salpican directamente a..

El PNV presentará una proposición de ley para cambiar la ley de secretos oficiales, heredada del franquismo.

La dictadura de Franco consideró la homosexualidad como delito en 1954. Desde su despenalización, 24 años más tarde, se ha avanzado poco a poco para que la justicia reconozca los derechos de este colectivo. España es actualmente el cuarto país europeo más avanzado en derechos LGTBI+, según el Rainbow Map 2024 de la organización internacional ILGA-Europa, publicado este año. Unos datos esperanzadores, pero que no se habrían conseguido sin una lucha constante que, poco a poco, se ha ido reflejando en las leyes promulgadas en el país.

La nueva norma permitirá a las familias de la Comunidad Valenciana escoger la lengua base y a los alumnos en cuál quieren examinarse

“Aplaudimos y estamos profundamente agradecidos al Congreso de los Estados Unidos por aprobar la Ley de Protección de Falun Dafa antes del 25º aniversario de la persecución el próximo mes”, dijo Levi Browde, director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa. “Este proyecto de ley crucial salvará vidas, brindará esperanza a los practicantes de Falun Gong que aún sufren en China”

El Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aprobadas en 2023, tal y como lo ha anunciado Ana Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la ministra de Igualdad ha asegurado que la normativa madrileña es "regresiva", al limitar y vulnerar derechos que ya están reconocidos en la legislación estatal.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más y para “empoderar” a las comunidades de vecinos y que participen de estas decisiones. La titular de Vivienda, que esta tarde se reúne con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha indicado que van a apurar todo su margen de competencia valorando esta posible modificación de la ley .

La controversia sobre una iniciativa que se cebaría en menores violadas ilustra un debate político que funciona a fogonazos

Jesús me cuenta que hoy mismo entrará en prisión 10 meses por viogen. Sus delitos son: Una bronca con la ex en la que ambos se insultaron (generando antecedentes). Dejar de pagar durante 4 meses una deuda por la manutención al quedarse sin trabajo.

El Gobierno y sus socios han decidido aplicar el "principio de acción positiva" en la ley de paridad para que las mujeres puedan superar el 60% máximo establecido para los hombres en los órganos de dirección de las instituciones y de las grandes empresas.

El afectado alegaba que las construcciones son previas a la Ley de Costas