El líder de los populares no cree que haya una sola comunidad autónoma en España "que esté de acuerdo con una financiación singular de una comunidad", aunque la candidata a la Generalitat lo propuso en 2012

En la operación que ha investigado Crónica Libre estarían implicados desde el exconsejero Alfredo Prada, hasta las sociedades que creó hace años Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como Ibadesa o Mercasa que finalmente acabaron en manos de su sobrino, José Herrero de Egaña.

El origen de la investigación de la financiación irregular del PP de Madrid fue la incautación en octubre de 2014 de una agenda a Francisco Granados en la que aparecían anotaciones de entradas y salidas de dinero. Allí aparecían las iniciales del gerente Beltrán Gutiérrez. Y las de un empresario afín al partido, Javier López Madrid. Ocho años después, esa agenda es papel mojado, al menos en lo que se refiere al empresario, que es exculpado por Anticorrupción con el argumento de que no hay más indicio contra él que ese.

En su recurso de reposición, el Partido Popular no solo insiste en que los pagos de altos cargos no eran donaciones finalistas sino el pago de una deuda a terceros, además arremete duramente contra el fiscal al que atribuye dudosas intenciones. Todo esto apenas dos meses después de que Mañueco asegurase que se iba a "colaborar" con la justicia en el caso de presunta financiación ilegal.

El juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha rechazado ampliar la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid dentro del caso Púnica y ha dado el visto bueno para que la instrucción finalice el próximo día 29 de enero.

El documento, publicado en exclusiva por Público, se usará como prueba en la investigación por las primarias de los populares que llevaron al actual presidente de Castilla y León al liderazgo del partido en 2017 y encabezar la candidatura electoral para 2019.

El juez busca una explicación a los 24.000 euros sin justificar y a los 60.000 que se "donaron" en una semana al PP provincial en vísperas de las primarias que ganó Mañueco pero el presidente provincial y la representante del partido se niegan a declarar. A diez días del arranque oficial de la campaña electoral, el Partido Popular intenta enterrar el caso de la presunta financiación del PP de Salamanca, una de las tres grandes causas de corrupción que investigan los juzgados en la comunidad sobre políticos que están o han estado en altas esfera

La Fiscalía Anticorrupción da ya por agotada la investigación sobre la presunta caja b del PP de Madrid y preparará ahora su informe final sobre esta derivada del caso Púnica, bautizada como Pieza Separada 9. Según un escrito enviado la pasada semana a la Audiencia Nacional, el ministerio público no pedirá al juez instructor Manuel García-Castellón una nueva prórroga de las pesquisas —cuyo plazo expira el 29 de enero— y se centrará en la elaboración de sus conclusiones definitivas sobre la supuesta financiación irregular de los populares.

La regidora, Luisa García Chamorro (PP), admite a elDiario.es Andalucía que utilizó 4.000 euros del grupo municipal del Consistorio motrileño para hacer frente a sus obligaciones jurídicas, aunque asegura que es algo "completamente legal". Mientras, el Partido Popular de Granada dice "no saber nada" a pesar de que el presidente provincial fue avisado de lo ocurrido por carta en agosto

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que hoy por hoy la balanza se inclina en favor del archivo de las pesquisas para Aguirre, por lo que, la que fuera máxima dirigente del PP madrileño durante los años que se investigan, no pisaría la sala de vistas de la Audiencia Nacional, siguiendo así la estela marcada por la también expresidenta 'popular' Cristina Cifuentes.

en contra de lo que dicen los autos del juez. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado este miércoles que un juzgado investigue la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, unos hechos que se habrían cometido en marzo de 2017, durante las primarias que le auparon a la presidencia del partido y consecuentemente a la candidatura al Gobierno autonómico. No sólo ha negado la investigación, sino que ha indicado a elDiario.es que analice los autos.

que el partido no tuvo nada que ver: "Fue algo altruista, entre amigos". No saben ni quién propuso aportar dinero para pagar cuotas de afiliados morosos, ni a cuánto ascendía la deuda, ni cuánto se recaudó en mano, en sobres y sin recibos de por medio. Sólo saben lo que ellos hicieron, pagar a escote, una decisión "entre amigos". El juez que instruye el caso de la presunta financiación del PP de Salamanca ha tomado nuevas declaraciones este martes a cargos públicos y de confianza del partido como el diputado nacional José Antonio Bermúd

La queja se suma a la lista de encontronazos en la última fase del caso Púnica, y que ha incluido críticas de la Fiscalía al juez por “obviar” algunos “indicios o elementos probatorios”. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular, teme ahora que la decisión del magistrado de apartar estas nuevas facturas de la investigación sobre la financiación irregular del PP madrileño impida contar después con todo los elementos necesarios para “esclarecer los hechos” y enjuiciar a sus responsables. Todo ello..

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa 'Púnica' ha acordado abrir una nueva pieza separada, la número 13, para investigar la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y que podrían acreditar la existencia de un sistema de facturación impuesto "que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid". En una de las facturas que entrega al juez llega a hablar que se pasa de 4.000 euros a 74.000 euros. A esto suma que también se real

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) fue creada para financiar de forma ilegal al PP de Esperanza Aguirre. Los principales donantes a Fundescam fueron las compañías Transportes de Cercanías (Gerardo Díaz Ferrán), Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, FELOP, Hotetur Club, Expacontra, Aerolíneas Bale

En 2017 los expertos para la reforma de la financiación autonómica reunidos por Cristóbal Montoro (PP) propusieron una revisión del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales para fijar tipos mínimos que eviten distorsiones en la eficacia y eficiencia tributaria. A pesar de lo llamativo del acuerdo, Montero no prometió nada nuevo ni revolucionario a Gabriel Rufián (otra cosa es la escenificación política). Es algo que lleva años aceptado por los académicos.

Comisión Financiación ilegal PP en el congreso.

En plena confrontación del Partido Popular con el Ibex, agravada por la decisión de Pablo Casado de romper la negociación sobre la renovación del Poder Judicial, empieza a descorrerse la cortina de Casado que oculta la utilización del Estado para destruir las pruebas de la financiación ilegal del PP

La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha registrado la solicitud de una comisión de investigación en el Congreso que analice la financiación de Unidas Podemos, un gesto con el que la formación de Pablo Casado busca que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se retrate".El PP pide analizar en una comisión de investigación de seis meses de duración las cuentas de Unidas Podemos para estudiar si se han dotado de fondos opacos con adjudicaciones irregulares de contratos u otros cauces de financiación

www.eldiario.es/politica/pp-exige-sanchez-e-iglesias-den-cara-imputaci: "No pueden esconderse ni un minuto más" Montesinos considera que el presidente del Gobierno "está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los supuestos escándalos de su vicepresidente"

En un comunicado ha desmentido informaciones que le relacionan con la financiación del Partido Popular de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre. El empresario Juan-Miguel Villar Mir ha asegurado este martes que nunca ha contribuido al sostenimiento de ningún partido político y ha denunciado una "secuencia intolerable de insinuaciones y de insidias" que, desde hace tiempo, dice haber sufrido.

Hoy, los ultraderechistas Jiménez Losantos y Marhuenda celebran el pacto entre PSOE y PP de renovación del poder judicial: "Es una lista excelente. No hay ninguna Vicky Rosell".

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha aconsejado al PSOE que no se "autoengañe" tras el acuerdo "puntual" y de "compromiso" con el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, pues los 'populares' no son un "socio de fiar" y debe entender que debe volcarse en el bloque de investidura para aprobar las medidas sociales. También ha destacado que la renovación del organismo se logra sin que el PP consiga su exigencia de que los jueces se "autoelijan", al subrayar que no está en el pacto...

Hace 15 días José María Macías, vocal ultraconservador del CGPJ, comparaba a los jueces progresistas con los regímenes comunistas, llamaba ignorantes y cínicos a diputados del PSOE y negaba estar caducados. Ayer fue elegido magistrado del TC a propuesta del PP. Todo en orden

Vaya. El PP mete de suplente en el CGPJ a García-Panasco, el fiscal que promovió la investigación contra mí en campaña electoral, vulnerando mis derechos, según sentencia del TS, e hizo un comunicado que favoreció al ex ministro corrupto Jose Manuel Soria.

Así lo ha asegurado en una publicación de la red social X (antes Twitter), dónde ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo «no se conforma» con «haberle entregado» al jefe del Ejecutivo el Tribunal Constitucional (TC) sino que «ahora» quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió el año pasado de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total.