Pese a la promesa de transparencia y mejora en el acceso, favorece a los grandes. La ley que regula los contratatos con la Administración llegó en marzo de 2018 con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Sin embargo, un año y medio después de su entrada en vigor, la normativa, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, favorecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse.

El Partido Popular hipoteca las futuras legislaturas con adjudicaciones millonarias aprobadas a marchas forzadas ante la llegada de las elecciones.

Imagínate que no tienes un duro y el que te prestan para funcionar lo tienes que emplear en pagar tus deudas y en costear los servicios de una empresa involucrada en asuntos turbios, contratos públicos y adjudicaciones sospechosas, escuchas telefónicas y vigilancias policiales. Así están las cuentas del Ayuntamiento de Alicante. Por cada euro en inversión gastan 4,4 euros en pagar deuda e intereses y 6,5 euros en pagar a las empresas de Enrique Ortiz, imputado.

La revolución de la IA está llegando de abajo a arriba en las empresas gracias a empleados que entienden que no usarla no es una opción y no quieren esperar a que su empresa se ponga al día. La adopción de la IA en los entornos laborales es más que una tendencia: es una revolución silenciosa impulsada por los propios empleados, que la usan con sus cuentas o con sus dispositivos personales sin que la empresa sea consciente de ello. Si acaso, algo se huele.

A pesar de que en su día no contaban, ahora la Seguridad Social se ha pronunciado sobre esto. En la página web de esta administración se especifica que "los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria solo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada" ya sea "voluntaria o involuntaria" y siempre con el "límite máximo de un año". Esto quiere decir que la mili se puede convalidar por un año de trabajo, lo que se computa en un año de cotización para tu pensión.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido por carta a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a exacerbar la situación en Gaza, que ha calificado de "genocidio". La iniciativa, sin embargo, no ha contado con el visto bueno del Ministerio de Exteriores, que ha calificado a Israel de "Estado amigo de España" y ha admitido no tener conocimiento de esas cartas remitidas a las empresas.

Advertencia por carta a empresas españolas en Israel sobre el riesgo de estar contribuyendo al genocidio en Palestina. Es lo que está haciendo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy Amador. Así, Bustinduy ha empezado este miércoles el envío de cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030.

En contra de lo asegurado por las autoridades europeas y por los neoliberales que defendían la liberalización privatización, después de estos años no hay apenas competencia en el mercado. En la mayoría de los países, lo que se ha hecho con la liberalización y privatización ha sido "trocear" la antigua red nacional de correos para que las empresas privadas se instalen en los segmentos más rentables. los nuevos operadores privados no se han dedicado a mejorar el servicio en su globalidad sino a encontrar nichos de rentabilidad. Eso lo han consegu

Me piden que evalúe la experiencia, lo que impulsa nuestra hiperactiva economía de servicios. El actual tsunami de encuestas nos ha convertido a todos en analistas de optimización para empresas multimillonarias. Ya es bastante molesto que yo proporcione mano de obra gratuita para ayudar a una empresa a mejorar la cotización de sus acciones o a "evaluar" a un empleado mal pagado, con exceso de trabajo y no sindicado. Pero empiezo a sospechar que tampoco es ético.

En 2023, los primeros espadas de las compañías del selectivo cobraron 67,9 veces más que la media de su plantilla; desde 2019, su remuneración media ha subido un 7,2% y la de sus trabajadores, un 3%.

Mientras las grandes empresas y sus accionistas mayoritarios incrementan de manera significativa sus beneficios, llevándose más del 90%, los trabajadores están sufriendo las consecuencias de una estrategia basada en la reducción salvaje de costes para obtener mayores beneficios.

El Gobierno de Ucrania comunicó este miércoles por medio de un decreto la destitución del jefe de Ciberseguridad del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Illia Vitiuk, quien está siendo investigado por corrupción. Su familia había aumentado sus ganancias significativamente desde su designación en el cargo. También, señaló que el matrimonio se hizo con varios bienes inmuebles por unos USD 645.000, entre ellos, uno un departamento en un complejo residencial de lujo en Kiev que su esposa adquirió por debajo del precio del mercado.

Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.

En 2020, impulsado por la necesidad de una pandemia, se puso en marcha uno de los mayores experimentos en el ámbito laboral: el teletrabajo. Una modalidad minoritaria hasta aquel momento pero que, según los últimos datos del INE de 2023, actualmente utiliza el 13,8% de las personas ocupadas en España.

La campaña va dirigida a empresarios que echan a sus empleados justo al cumplirse seis meses de contrato, el final del periodo de prueba. Se ha multiplicado hasta por nueve el número de despidos justificados en no superar la fase de prueba

Sismédica S.L., la empresa propiedad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que mantiene su sede en un local que les fue embargado por impago a Bankinter -tal y como ha desvelado en exclusiva ElPlural.com-, acumula hasta 7 incidencias con las Administraciones Públicas. Incidencias judiciales e impagos que afectan por una parte a la Agencia Estatal Tributaria de Madrid así como al propio Ayuntamiento de Madrid.

Roberto Mañez denuncia al INSS por negarle la incapacidad en su puesto de trabajo y obligarle a manejar maquinaria pesada a pesar de que la empresa lo ha declarado "no apto" como estibador