En la información, según el auto, se publicó “la pegatina identificativa del paciente, constando NHC y el NASI del paciente, fecha de nacimiento y código identificativo del paciente”, todo ello “sin poder contar a fecha de tal publicación con la previa conformidad del paciente por su estado psicopatológico”.

En la resolución, subraya que los informes sanitarios remitidos al juzgado "no solo enuncian de manera motivada la ausencia de justificación" para suspender el tratamiento ya finalizado sino que corroboran "el rotundo éxito del tratamiento pautado, tanto a nivel psiquiátrico como psicológico -hasta el punto de permitir acordar el alta hospitalaria con seguimiento ambulatorio del paciente".

Ahora se abre un periodo en el que Iván, de 30 años, seguirá recibiendo atención médica, pero ya en su municipio. Y también habrá que esperar a la resolución de las sucesivas denuncias interpuestas contra el impedimento de visitarlo presencialmente por parte de su progenitor o recabar su consentimiento para acceder al historial médico de cara a pedir una segunda opinión facultativa.

Los allegados del joven arzuano destacan asimismo que ya le han dado cita en el centro de salud de su pueblo para que, el 2 de mayo, sea atendido por un psiquiatra. Su intención, además, es poner en marcha una asociación para prevenir este tipo de casos. "Queremos recoger los testimonios que hemos recibido estas semanas de otras personas, y el objetivo es denunciar todo este sistema: que le quiten el derecho a un paciente o a su familia a elegir una terapia, eliminando su dignidad como ser humano", aportan sus impulsores.

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS exige la inmediata intervención de los responsables de la gerencia del Hospital Clínico compostelano “para que restablezca el derecho de Iván –el joven arzuano que recibe terapia electroconvulsiva– a ser acompañado por su padre”.

La doctora Sue Cunliffe, que comenzó a recibir TEC en 2004, declaró a The Independent que el tratamiento «destruyó por completo» su vida: Al final, no podía reconocer a familiares ni amigos. No podía contar dinero. No sabía leer la tabla de multiplicar. No podía desplazarme. No podía recordar lo que había hecho de un minuto a otro.

El padre del paciente, ingresado desde principios de febrero en un hospital de Santiago tras un brote psicótico, inició una huelga de hambre y una campaña contra el tratamiento que los tribunales ordenaron aplicar porque consideran que hay “riesgo para su vida”.

La familia de Iván, el arzuano que está recibiendo terapia electroconvulsiva (TEC), acaba de recibir la llamada de un alto cargo de Sanidade para interesarse por el estado del joven y conocer su caso en profundidad. Juan Carlos, su padre, no oculta que su prioridad pasa por detener la terapia de electroshocks y el traslado de su hijo a un centro sanitario distinto, que bien podría ser el Álvaro Cunqueiro de Vigo.

No podemos entender, desde el sentido común, cómo se puede privar de capacidad de decidir sobre su propio cuerpo al mismo tiempo que se admite para poder actuar dotado de derechos en todos los ámbitos de la vida social. Hay que recordar que Iván, en el mismo documento en el que manifiesta su negativa al TEC, otorga poder de representación profesional a su abogado y procurador. Además, la Fiscalía ha emitido un informe donde se le reconoce como único titular de derecho para poder acceder a su historia clínica.

La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS ha animado a la población a participar este martes, a las 19,30 horas, en una concentración que tendrá lugar en la Plaza do Toural, en Santiago, contra la aplicación de la terapia de electroshock que está recibiendo un joven de Arzúa ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital de Conxo, algo a lo que se opone su familia.

"Nos han dicho que le aplicarán las sesiones de electroshock convenientes y que al parecer faltan pocas", señala el progenitor, quien dice sentirse "peor por la situación que estoy atravesando que por la falta de alimentación".Los médicos subrayan que el facultativo debe decidir.

Continúa recibiendo firmas a las puertas del hospital provincial de Conxo. Y, además, en las últimas horas sumaba su adhesión Fernando Abraldes, presidente de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, reclamando alternativas contra un tratamiento que rechazan el paciente y su familia. A su vez, los profesionales de la psiquiatría defienden la vigencia de esta terapia, y también que se recurrió a un juez porque este joven no tiene capacidad de decidir.

Esta terapia se aplica “en unos 3.000 casos al año; a veces funciona, y otras no”. Al respecto de la solicitud de consentimiento para acceder al historial del joven, subraya que “son cuestiones complejas, más legales que médicas”, y sobre la huelga de hambre de Juan Carlos, deja claro que “un médico no indica un tratamiento si no piensa que va a funcionar; él es quien decide, y a veces desconfiamos en exceso”.

Y es que la familia, que estaba dispuesta a dar su consentimiento para que se le realizase un TAC después de que el joven sufriera una hemorragia nasal, se encontraba este miércoles por la mañana con un "documento en blanco sin copia, que únicamente incluía la etiqueta sanitaria" que los responsables del Hospital Provincial de Conxo pretendían que rubricara. Por consejo de su abogado, se negaron en rotundo. El TAC pretendía dar con la causa de la epistaxis (sangrado de nariz por una lesión interna).

“El problema no es el TEC, sino que exista una psiquiatría reaccionaria y paternalista que todavía cree que se puede acabar con el sufrimiento psíquico a la fuerza”, explica Martín Girón, pisquiatra formado en el Gregorio Marañón de Madrid, del equipo del Imaya de Vigo, experto en trastornos de ansiedad y depresión y miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Este periódico intentó contrastar la opinión de la familia con la de la psiquiatra que le atiende y recomendó en su informe el tratamiento, pero no fue posible ya que a través de una trabajadora del Área de Psiquiatría del Provincial declinó el dar su versión y aseguró que la Ley de Protección de Datos no se lo permite aunque quisiese.“Es difícil valorar el estado real de Iván, ya que está vigilado y controlado como si fuera un reo de un módulo de alta seguridad”, explica la portavoz de la familia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el TEC como un "procedimiento mayor". Como tal, debe aplicarse sólo “cuando lo permite la ley local y cuando se considere que es la opción más adecuada para la salud del paciente, y solamente cuando el paciente ha sido debidamente informado y ha dado su consentimiento". Iván recibe este viernes su tercer electroshock.

Su abogado, Francisco de Borja, afirma que “un TEC nunca es urgente. Nadie puede afirmar que tiene carácter curativo. Es más: los psiquiatras desconocen su mecanismo de acción exacto, a día de hoy.Iván tiene capacidad para decidir porque no está incapacitado. Tiene plenas facultades intelectivas y volitivas. Prueba de ello es que el juez aceptó un audio de Iván designando abogado y procurador.La psiquiatra decía en presencia del padre que el paciente estaba muy tranquilo, pero que, cuando no estaba el padre, se ponía ansioso.

En la resolución, explica que la medida se autoriza basándose en las conclusiones de un nuevo reconocimiento judicial y forense realizado al paciente, así como en el informe complementario emitido por una psiquiatra. Así, indica que está justificada “dada la insuficiente conciencia pasada y actual de enfermedad/trastorno mental de la persona precisada de apoyos” y, sobre todo, debido a la “ausencia de cualquier otra alternativa al tratamiento pautado de TEC, tanto por parte del paciente como por parte de sus progenitores”.