El Ministerio de Salud defiende que es la manera legal de otorgarles tratamiento psicológico gratuito.

La mandataria del Perú vive su peor momento, pero resiste con el apoyo de la supuesta oposición. Seis voces de distintos ámbitos analizan esta crisis.

Perú Libre, el antiguo partido de la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha conseguido las 26 firmas de congresistas necesarias para poner en marcha una moción de vacancia o censura contra la mandataria después de que no haya dado explicaciones sobre el origen de los relojes de lujo que luce habitualmente en sus comparecencias en el denominado 'caso Rolex'. La Fiscalía ha registrado el Palacio de Gobierno y el domicilio de Boluarte, lo que ha desatado la crisis política.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó la semana pasada de forma tajante un adelanto electoral y dejó claro que seguirá en el poder hasta julio de 2026. Esto es, hasta agotar el mandato iniciado en 2021 por Pedro Castillo, que hoy se encuentra en prisión preventiva por un intento fallido de autogolpe. El anuncio de la mandataria supone un incumplimiento claro de su compromiso con la ciudadanía.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a entregar la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico a la presidenta peruana, Dina Boluarte y declinó mantener relaciones económicas y comerciales mientras no se restaure la democracia en el país andino. Durante su acostumbrada comparescencia televisiva, López Obrador explicó que esta decisión no es una ruptura absoluta con el gobierno peruano, sino solo una pausa en lo que se estabiliza la situación interna de la nación andina.

El presidente mexicano ironizó al decir que habría sentido pena si el gobierno de Dina Boluarte le hubiera otorgado una condecoración. “Muchas gracias que me declararon persona non grata, es un timbre de orgullo”, refrendó su apoyo al pueblo peruano y volvió a criticar la presidencia de Boluarte. El presidente mexicano apuntó que este pronunciamiento diplomático en su contra fue tomado por una élite, “una minoría rapaz, de políticos corruptos y periodistas alquilados” y dijo sentirse tranquilo porque no fue el pueblo peruano quien lo decidió.

El jefe de Estado mexicano respondió así a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú que hoy debate una moción que plantea rechazar las “inaceptables declaraciones" del gobernante, quien la semana pasada calificó de "usurpadora" a Boluarte. “Si se hace un análisis del marco legal jurídico del Perú lo incumplieron, lo violaron, fue una decisión arbitraria más la represión que desataron, asesinaron como a 70 personas que protestaron”. “700 soldados estadounidenses para entrenar a fuerzas armadas del Perú y a la Policía del Perú..

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, país que aseguró tiene a una “usurpadora” como presidenta, al referirse a Dina Boluarte. Son cuatro países: Chile, Colombia, México y Perú, y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía, y el presidente de Chile tampoco está interesado en que se le entregue al Perú la Presidencia de este grupo de la Alianza del Pacífico…Esta señora con todo respeto es usurpadora”, dijo.

La presidenta de Perú ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para mantenerse en el cargo de manera remota cuando se encuentre fuera del país, alegando la falta de la figura de la Vicepresidencia, cuyo titular es el encargado de ostentar el reemplazo ante la ausencia del jefe del Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó duras críticas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por el manejo de la crisis social e institucional que estalló tras su asunción en el cargo. El informe fue confeccionado en virtud de una visita realizada por delegados de la CIDH, quienes tomaron conocimiento de las múltiples acusaciones realizadas contra el Poder Ejecutivo.

La ONG detalló que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares y la Policía Nacional contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta del Perú. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.

La Fundación Amancio Ortega ha aportado un total de 30 millones de euros para financiar sendos programas de Cáritas Española y de Cruz Roja dirigidos, respectivamente, a facilitar el acceso a la vivienda a familias vulnerables y a paliar la soledad en los mayores mediante el uso de asistentes de voz.

El abogado de la presidenta de Perú Dina Boluarte ha insinuado que es posible que las víctimas mortales de las protestas que el pasado diciembre se sucedieron por todo el país, y por las que se investiga a la mandataria, podrían haber sido "provocadoras de la situación en la que mueren". En una entrevista con la cadena TV Perú ha afirmado que las más de 60 muertes durante los disturbios deberán revisarse "caso por caso".

La comparecencia de la mandataria se llevará a cabo de manera presencial. El llamado se produce en el contexto de las pesquisas por genocidio, lesiones graves y homicidio calificado que se le realizan a la presidenta en el contexto de las protestas contra la destitución de Pedro Castillo. Manifestaciones en las que al menos 60 personas han muerto en medio de choques con la policía.

Cuatro organizaciones no gubernamentales de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y tres jefes policiales, a los que acusan de homicidio y otras violaciones de derechos humanos en la represión de protestas en la región sureña de Apurímac. La querella responsabiliza a los acusados por la “masacre” ocurrida a partir del 10 de diciembre en Apurímac, donde en pocos días hubo al menos seis muertos y 83 heridos en esa región, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el 7 de ese mes

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, instó este miércoles a las autoridades de Perú a actuar con contención ante las protestas que tienen lugar en ese país, en aras de evitar una escalada futura de la violencia, y a generar condiciones para un diálogo significativo e inclusivo que permita abordar la crisis política. A través de un comunicado, el portavoz Stephane Dujarric, reiteró su llamamiento al Gobierno de Dina Boluarte a que cumpla con la legislación internacional sobre derechos humanos.