David Sánchez está siendo investigado por su absentismo laboral en la Diputación de Badajoz y por su mudanza a Portugal para pagar menos impuestos mientras trabaja para una administración española. Además del hermano de Sánchez, en el procedimiento judicial también figura el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que es además secretario general del PSOE de Extremadura, y Alejandro José Cardenal, jefe de de los departamentos Jurídico y de Recursos Humanos de la corporación.

Alberto Pugilato fue condenado en 2021 a un año de cárcel por un delito de odio por las letras racistas de sus canciones. Alberto Pugilato se enfrentó a la justicia en 2021, cuando fue condenado a un año de cárcel por un delito de odio, como confirmó el Tribunal Supremo, por las letras racistas de sus canciones en un concierto celebrado en Sabadell en el año 2010. Unos mensajes que para el alto tribunal no estaban amparados por la libertad de expresión por contener “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupo

Si atendemos a la regulación legal, "el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos". Entre las consecuencias de incumplir estos requisitos formales, contemplados en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores E.T., está la declaración del despido como improcedente sin posibilidad de subsanación, viéndose la empresa obligada a asumir los costes derivados de la improcedencia y a cesar de nuevo al empleado.

En una atención delante de los medios de comunicación, ha argüido que ha habido una “cierta normalidad” en una actuación judicial que “ha desencadenado un efecto gigantesco e insospechado” y ha lamentado que esté “generando mucho ruido”. En referencia al magistrado Peinado, ha sostenido que “lo que haya hecho el juez, bien hecho está, en principio” y ha añadido que, “si hay argumentos para que esto no siga”, se archivará “sin más”

Fiasco en el juicio a los miembros de la banda motera de los Ángeles del Infierno que traficaban con marihuana y hachís desde Noreña y Oviedo. Ocho de los acusados han tenido que ser absueltos por la Audiencia Nacional debido a un flagrante error judicial. Un Juzgado de Siero tendría que haberles tomado declaración, en noviembre de 2016, cuando fueron detenidos, pero es que luego se dejó caducar la instrucción en julio de 2018, de forma que, cuando se les tomó declaración en 2019 ya no podían realizarse más diligencias de investigación.

El anuncio ha caído como una bomba sobre los funcionarios con más tensiones, los de la Seguridad Social y el SEPE, y ha causado gran malestar en la Agencia Tributaria

El Gobierno se ha comprometido a poner fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. "Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria", ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La jueza atiende las demandas presentadas por Podemos Galicia, Ecoloxistas en Acción, Plademar Muros-Noia y la Fundación Montescola.

¿Te apetece visitar la antigua Acrópolis de Atenas sin miles de turistas tomando selfies? Hay una solución en camino, pero deberás desembolar 5.000 euros (5.500 dólares).

Así, el secretario del juzgado de instrucción arguye que no se puede tramitar porque el escrito del juez Manuel García Castellón que remitía el sumario al Tribunal Supremo era una «diligencia de ordenación» –que tiene menos tiempo de plazo– y no una interlocutoria, que tiene más. Una interpretación que ha hecho poner las manos a la cabeza a la defensa de Alay, porque incluso es contraria a la doctrina más reciente del mismo Supremo. De hecho, razonan que el juzgado ha empleado esta argucia para evitar que el recurso llegue a la sala de apelacio

La cita previa obligatoria bloquea servicios básicos y se ha convertido en un cuello de botella para acceder a la Administración.

Si bien de puertas hacia afuera se ha rechazado este modelo de gestión, lo cierto es que la administración pública ha gastado varios millones en contratar al líder mundial de este sector, Qmatic, y a la empresa que gestiona los contact centers, Ibermática, investigada por manipulación de contratos públicos.

El Ayuntamiento insiste en que "se van a depurar responsabilidades", pero sigue sin explicar por qué no se precintaron los locales que carecían de licencia.

La investigación se ha iniciado a raíz de una denuncia presentada por LaLiga por un delito de odio.

Tres años después la Cámara de Cuentas le dice al Gobierno regional ‘así no’. El órgano que se encarga de fiscalizar la actividad de la Comunidad de Madrid ha analizado los 103 contratos que el equipo de Ayuso firmó en 2020 para construir y poner en funcionamiento el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y le reprocha algunos excesos en la aplicación de la contratación de emergencia, tal y como vienen denunciando en la Asamblea de Madrid los grupos de la oposición. Se trata de expedientes con un valor conjunto de más de 101 millones…

Un juzgado de Córdoba ha abierto diligencias contra dos policías locales por "detención ilegal" y por "faltar a la verdad" durante su comparecencia en sede judicial, según señala en un comunicad, difundido junto a la resolución judicial, la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Según explica Apdha, el juzgado ha dictado una resolución por la que acuerda archivar la causa contra un ciudadano que había sido denunciado por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Tras el visionado de las imágenes de...

Ambos suman varias órdenes de detención previas por hechos similares. Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Moncloa a un padre y a su hijo como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en una obra y atentado a agente de la autoridad ante el intento de atropello de los funcionarios de la seguridad pública. Quedaba aun por arrestar al segundo implicado que había logrado huir, pero fue detenido al día siguiente. Se trata de un padre y de su hijo, miembros de un clan familiar.

Se acabó tener que pedir cita previa para realizar algún trámite. El Govern ha anunciado hoy que eliminan la obligatoriedad instaurada en varios servicios durante la pandemia de coronavirus. Ahora se podrá acudir directamente a la administración sin tener que agendar una visita previamente para ser atendidos. Otra de las medidas anunciadas es la gratuidad del teléfono de información ciudadana 012 de la Generalitat, que asumirá el coste del servicio, entorno a los 1,2 millones de euros. El 061 se mantiene de pago porque es competencia del Estado