La Agencia Española de Protección de Datos ha venido observando como algunas Administraciones Públicas, principalmente las administraciones locales, no atienden, tal y como deberían, algunas de sus órdenes, lo que supone una infracción de la normativa de protección de datos. Por este motivo, se ha querido destacar esta situación, incluyendo un nuevo apartado en la página web donde se muestran aquellas Administraciones Públicas que han sido sancionadas a lo largo de ese ejercicio por incumplimiento. Este incumplimiento es a una orden dada por l

“Los datos no son xenofóbicos ni son racistas. Son datos. Esa parte de la ideología de género es que no… los hombres tenemos presunción de culpabilidad por el mero hecho de ser hombres. ¡Basta ya!”.

La cuenca se sitúa al 87,6% de su capacidad, mientras que los embalses de Segovia alcanzan el 91,7% casi diez puntos sobre la media de la última década

Los datos biométricos, como la huella dactilar o los patrones del iris, son altamente sensibles y no se pueden modificar, por lo que cuentan con una especial protección ante la ley. Su tratamiento está prohibido a no ser que haya un consentimiento expreso y su uso esté justificado; en caso contrario podemos pedir su retirada o reclamar. Esta información puede acabar en manos de cibercriminales, que la pueden vender en la red y esto nos expone a riesgos, como suplantación de identidad.

«Yo soy partidario de modificar la Ley de Protección de Datos para que se pueda multar a las Administraciones Públicas. Porque es la única forma de resolver esto. Si no hay alguien arriba que piense que va a salir en los papeles y con una multa de protección de datos millonaria, como hacen con Google o con Facebook no va a pasar nada». «Si se hubiera multado a las Administraciones Públicas –cosa que sí se puede hacer en otras áreas– pues seguramente alguien se hubiera preocupado de dar cursos de formación para no salir en los papeles cuando la

¿Por qué no soy feminista? - Mediante estudios y datos

Sin embargo dicho consentimiento debe ser otorgado de manera libre por parte del paciente. «Es decir, no sería válido un consentimiento en el que el paciente sintiera algún tipo de presión para otorgar dicho consentimiento informado», dice Murga. «Por ejemplo, sería el caso de situaciones en que un doctor preguntara al paciente si puede usar una imagen del paciente en una publicación científica sin manifestar de manera expresa que tiene derecho a no consentirlo y que el hecho de que no consienta no le comportará ningún tipo de perjuicio»,

Recientemente se ha dado a conocer una resolución en la que se ha sancionado con 10.000 euros a un ciudadano por grabar y difundir de forma masiva en Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y Youtube a una persona en estado de embriaguez en el que se le reconocía perfectamente la cara. Y lo hizo sin su consentimiento. El letrado del afectado manifestó a la AEPD que la actitud de la persona que filmaba era desconsiderada y desproporcionada porque se reía de su cliente sin causa alguna y sin ofrecerle ayuda viendo la situación en la que se encontr

Hoy en DATO MATA RELATO hablamos de cómo trataron los programas con más audiencia de la televisión los diferentes temas de actualidad, para comprobar cómo es...

Desde la AEPD han apuntado que “los informes y diagnósticos relativos a las situaciones de baja temporal no tienen que ser conocidos ni por los superiores jerárquicos ni por las personas encargadas de fijar diariamente los servicios a desempeñar por el personal destinado en la Unidad correspondiente”. Y la citación al gabinete de psicología era un dato “no pertinente, adecuado ni necesario” en la comunicación efectuada de situación de baja temporal”. Pues lo correcto hubiese sido decírselo directamente a la persona afectada.

España ha registrado su peor marzo desde 2008 con casi 40.000 hectáreas quemadas. Además, en solo tres meses, los incendios forestales en España han quemado ya 46.225 hectáreas y esto es la mitad de toda la superficie que ha ardido este año en todos los países de la Unión Europea

La exposición de las instituciones públicas es especialmente peligrosa, y en los últimos años hemos visto ciberataques especialmente relevantes como el que sufrió el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el INE, el CSIC, la UOC, el Hospital Clínic de Barcelona, ayuntamientos de la provincia de Navarra —entre otros muchos— o el espionaje que sufrieron máximos representantes del Ministerio de Defensa. Alcasec creó un portal llamado UDYAT —en referencia al Ojo de Horus, como Alcasec explicaba en otra entrevista con Club 113...

El TJUE se ha pronunciado así en una sentencia dictada hoy del asunto C-154/21. Señala que el responsable del tratamiento podrá limitarse a indicar las categorías de destinatarios si no resulta posible identificarlos o si la solicitud es manifiestamente infundada o excesiva. El TJUE subraya que este derecho de acceso del interesado es necesario para permitirle ejercer otros derechos reconocidos por el RGDP, esto es, el derecho de rectificación, el derecho de supresión («derecho al olvido»), el derecho a la limitación del tratamiento, el derecho

A partir del momento en el que se dan de alta en la Agencia Tributaria, se comparten con Hacienda y pasan a ser considerados información de interés profesional se transfiere a las diferentes cámaras de comercio. Las cámaras de comercio ceden los datos a un directorio elaborado por Camerdata. A través de este, algunas empresas compran las bases de datos para llevar a cabo acciones comerciales, procesando la información y poniéndola a disposición de cualquiera en Internet por un precio asequible. La cuestión más grave para nosotros es que haya

La ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo introdujo en 2018 la obligación para las empresas de informar de la titularidad real de la sociedad. El TJUE ha dictaminado que ya no es obligatorio informar de la titularidad real de la empresa o sociedades. Considera el TJUE que se trata de un uso abusivo de los datos personales, que una vez son publicados no solo pueden ser consultados públicamente sino también difundidos. Esto constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales de estas personas.

La agencia de noticias Europa Press ha publicado hoy una nota donde la Guardia Civil se jacta de haber conseguido saber a través de unas escuchas telefónicas que Valtònyc , Josep Miquel Arenas , participó en la creación de la página web del Consejo de la República. Pero lo cierto es que todo el mundo con acceso a internet podría haberlo sabido esto, sin la necesidad de montar un operativo: el dato es público en el perfil de LinkedIn de Valtònyc.

España no solo está importando gas desde Francia, también exporta esta fuente de energía al país galo. Según los últimos datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), en junio, España importó 599 gigavatios hora (GWh) de Francia, pero exportó 3.181 a este país, es decir, envió cinco veces más de lo que importó. Además, no se trata de algo nuevo ni coyuntural, sino que España importa gas desde Francia, al menos, desde 2010. De hecho, en varias ocasiones España importa más gas del que exporta a Francia,…

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 9.600 euros a Last Lap, la empresa organizadora de la San Silvestre de 2021, por solicitar a los participantes, para poder inscribirse, el pasaporte COVID o, en su defecto, una prueba PCR o test de antígenos realizado en las 72 horas previas a la carrera, datos que se subirían a la web de la carrera.

Los que están en rojo no son parados, sino los "inactivos" (estudiantes, jubilados, prejubilados, etc.). Los parados los muestra abajo, en un color azul casi indistinguible.

En el año 2021 se crearon en España 101.134 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un aumento del 27,7 % respecto a un año anterior en el que la estadística se vio afectada por la pandemia, y marca un nuevo máximo desde el 2008. Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también reflejan cómo la cifra de empresas disueltas se incrementó en un 17,1 %, hasta las 23.778 sociedades, el registro más alto desde 2013.

El primer paso es contactar con la red social en la que se ha publicado el perfil falso con datos personales de la persona afectada mediante los formularios habilitados. Si la respuesta recibida por parte de la red social no es satisfactoria, la persona puede formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a través de la sede electrónica, acompañando la documentación de haber contactado en primer lugar con la empresa.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 382 fallecidos por coronavirus. Es la cifra diaria de muertes más alta incorporada al recuento oficial desde el pasado 31 de marzo, cuando se empezaban a vislumbrar el final de los efectos de la tercera ola de la pandemia.