Una investigación de WWF calcula que "hasta 1.360 hectáreas de cultivos -aproximadamente 35.000 toneladas de fresas y frutos rojos- se están regando ilegalmente" en Doñana fuera de la zona agrícola regable. Por otra parte, el estudio identifica que del total de "la superficie ilegal, 294,8 hectáreas corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental -zona A del POTAD-, es decir, un área donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales".

Un agricultor ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba por reproducir y comercializar a través de portales de internet, material no autorizado de reproducción y multiplicación, esto es, grano para la siembra de la variedad protegida de garbanzo “ITUCI” (artículo 274.4 del Código Penal).

Los agentes descubrieron al hombre y la mujer cuando realizaban técnicas de inmersión con botella y un torpedo submarino, ambos habían sido denunciados antes en Galicia por hechos similares

La Policía Nacional ha detenido hoy al empresario austriaco Christian Arnsteiner, propietario del Medusa Beach Club, local de s'Arenal en el que murieron cuatro personas y otras 16 resultaron heridas el pasado 23 de mayo al derrumbarse la terraza, que según la investigación se utilizaba de forma ilegal y había sido sometida a reformas irregulares. Está acusado al menos de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis más de lesiones. Relacionada: www.meneame.net/story/derrumbe-restaurante-platja-palma-provoca-menos-

La Inspección de la Junta y la Guardia Civil impiden el desarrollo de más de un centenar de parcelas de 500 metros cada una. El rápido proceso de urbanización ilegal de esta zona, atractiva por su proximidad al núcleo urbano, ha sido frenada gracias a esta operación.La superficie de seis hectáreas, donde se realizaron movimientos de tierra, desbroce de la vegetación, soterramiento de un arroyo, apertura de caminos, eliminación de una hectárea de superficie forestal y la construcción de muros de bloques, con 70 construcciones iniciadas.

La Comisión Europea no tiene duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la autopista AP-9 y con ello extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el año 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista.

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

Unas 600 viviendas de uso turístico (VUTs) tendrán que echar el cierre en Santiago tras la decisión del ayuntamiento de no legalizarlas. Eso o volver al mercado residencial. La ordenanza que establecerá la relación entre el alquiler vacacional y la vivienda habitual deja sin posibilidad de encaje a todos los negocios que venían funcionando sin la preceptiva habilitación municipal, pero que confiaban ahora en una regularización que, según el gobierno local, debían haber tramitado en su momento oportuno. “Nos eliminan del mapa”, se lamenta la pre

El Ayuntamiento de Barcelona está redoblando su presión sobre Booking para que deje de colgar tantos anuncios de alojamientos turísticos ilegales orquestados por mafias.Hablamos entre otras de las bandas de los rusos y también de los suecos con origen chileno que con una documentación muy convincente se hacen pasar por expats para engañar a los propietarios, alquilar sus inmuebles y convertirlos en pensiones clandestinas muy cucas.Además, últimamente muchos propietarios denuncian las dificultades de Booking a la hora de retirar los anuncios.

La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

La Secretaría de Pesca de la Nación le aplicó una multa ínfima a los armadores del buque Tai An, que fue detectado pescando 175 toneladas de merluza negra en los mares del sur de nuestra Zona Económica Exclusiva, pero actuó la justicia y allí no hubo ni miramientos ni gestiones políticas que morigeraran la decisión. La justicia fue dura.

Una empleada estuvo décadas trabajando en la fábrica de Balaídos encadenando subcontrata tras subcontrata. Meses después de que pidiese que Stellantis la contratase directamente, fue despedida. Según figura en la sentencia de la Sala de lo Social del TXSG a la que ha tenido acceso esta redacción, los jueces ven probado, que la trabajadora recurrente llevaba trabajando en la fábrica de Stellantis en Balaídos desde 2004, es decir, 20 años. Eso sí, nunca había sido trabajadora de la multinacional del automóvil.

El problema de los descartes ilegales de atún en el mar balear no cesa. La Fundación Marilles ha advertido, una vez más, de que existen barcos atuneros que arrojan al mar las capturas que mueren durante sus operaciones para que no se les compute en la cuota de pesca que tienen asignada cada una de las embarcaciones. «No queremos un cementerio de atunes en nuestras aguas. Es evidente que algo huele mal en el negocio de las granjas de engorde de atún»

La legalización o no de la vivienda; la existencia o no, de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina; son asuntos de debate en la localidad castellanoleonesa desde antes 2007. De hecho, todavía a día de hoy, este asunto marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos a raíz de la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, se paralizó en el pasado no pocos meses.

La Junta de Castilla y León, cuyos dirigentes se han mostrado públicamente en contra de la protección del lobo, está obligada por imperativo legal a asumirla, lo que incluye proporcionar información ambiental al respecto y la protección efectiva del cánido “presentando la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando tenga los informes de necropsias de lobos que presenten indicios de muerte por causas ilegales (caza, venenos, lazos, capturas de ejemplares, etcétas)”.

Son extraídos en su mayoría por buques españoles-británicos, chinos, coreanos y taiwaneses, sin ninguna acción política ni diplomática por parte del gobierno nacional, con un evidente perjuicio biológico al ecosistema y a las economías provinciales. La FAO estima, que al menos el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06) en forma irregular y, una competencia desleal con quienes pescan y comercializan cumpliendo las normas nacionales e internacionales.