Tras un año viviendo en Madrid, Eunate Martínez, una donostiarra de 24 años, había emprendido la siempre ardua búsqueda de una nueva vivienda en la capital el verano de 2020, justo después del confinamiento. Después de pasar por innumerables ofertas de viviendas "demasiado caras" o "en condiciones demasiado malas", por fin apareció algo en su radar que parecía encajar con lo que buscaba. Era una habitación en un piso compartido en la calle Ánsar del barrio de Lucero. Su precio, 290 euros mensuales, era más barato de lo habitual y el espacio se

la Inspección de Trabajo ha obligado a transformar en indefinidos 25.593 contratos de ese tipo en lo que va de año tras detectar que las empresas los estaban utilizando para enmascarar empleos estructurales, para reducir sus costes y para imponer a sus empleados una dosis de precariedad que no tenían por qué soportar. Según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, el nivel de acierto de los inspectores ha llegado a cotas del 66% de los contratos revisados en Aragón, del 63,2% en Asturias y del 59% en Catalunya.

Nueva campaña contra los abusos de las empresas en los contratos a tiempo parcial y temporal de sus empleados. El Gobierno en funciones ha anunciado este viernes la puesta en marcha de dos nuevos planes de choque de la Inspección de Trabajo contra estas formas de fraude en la contratación, que se desarrollarán entre finales de agosto y diciembre de 2019 y que repite la estrategia de la campaña específica que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado. La autoridad laboral mandarán unas 85.000 cartas a empresas en las que detecte presunta

Desde la puesta en marcha, el pasado mes de agosto, del Plan Director por un Trabajo Digno, 46.554 contratos temporales han pasado a ser fijos. El dato lo ha dado este jueves la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Magdalena Valerio ha explicado que de las cartas enviadas en agosto tras detectar que había 80.500 contratos temporales que habían superado su tiempo legal establecido, un total de 46.554 pasaron a ser indefinidos, lo que supone un porcentaje del 58%.

El encadenamiento de contratos, los realizados sin causa o las conversiones de indefinidos a temporales, son algunas de las irregularidades descubiertas según UGT Madrid.

El 37 por ciento de los contratos revisados por los 32 inspectores en todas las Islas estaba en fraude de ley, es decir, eran contratos temporales que tendrían que ser indefinidos.

CCOO critica que la subida del turismo no se traduce en empleo de calidad y explica que aunque “durante el primer semestre del año ha aumentado el empleo en el sector de hostelería un 7,45%, como consecuencia del aumento del número de turistas que visitan nuestro país” sin embargo, este empleo está marcado por la precariedad, denunciando que “el 95,15% de las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector de hostelería corresponde a contratación temporal, en muchos casos de forma fraudulenta”.

En España tenemos más de 20 modalidades de contratos temporales: hay “pa to”, y la única oferta de Gobierno (PSOE/C’s) que se nos brinda como remedio a este despropósito contractual es reducir estos contratos temporales a los de relevo, formación y por obra o servicio determinado.

La diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, ha denunciado que la empresa Estructuras Metálicas Normalizadas SA recibió un total de 20 contratos entre 2007 y 2014 por parte de la Conselleria de Educación para la instalación de barracones escolares en centros educativos valencianos. Según la formación de izquierdas, esta empresa, actualmente en proceso de liquidación, contó en aquellas fechas con Francisco Colado Sánchez Camacho y Julián Giménez de los Galenos, alias El Tachuela, ambos empresarios investigados

Banco Santander mantendrá a PwC como auditor. El banco español ha decidido renovar con la big four el megacontrato de más de 1.000 millones de euros que ligará a estas dos compañías hasta 2035, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado El Confidencial. La oferta de PwC se ha impuesto a la que realizaron los otros tres gigantes de la auditoria: Ernst & Young, Deloitte y KPMG. No obstante, su renovación deberá ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará en 2026, un trámite que suele superarse sin problemas.

Tres de estos trabajadores han lanzado "un llamamiento a las autoridades competentes". Les han despedido por pedir que les paguen, al igual que a otros tres obreros: David, Florin y Enrico: "Nos ha dicho que no nos va a pagar nada, que nos vayamos", ha denunciado uno de ellos. "Nos echó de la obra y nos quitó el alojamiento del hotel", "Llegamos a casa después de las 19:00 o 20:00 de la noche, levantados desde las 05:00 de la mañana", ha contado el mismo trabajador. Además, aseguran que descansan solo los domingos y hacen dos horas de trayecto.

Dos empresas que han sido condenadas por montar un cártel en la industria de defensa para repartirse millones de euros en contratos públicos han creado en el último año una sociedad pantalla en común para seguir optando y ganando licitaciones. Las empresas en cuestión son Cohemo y SDLE (Star Defense Logistics & Engineering), dos contratistas habituales del Ministerio de Defensa en los últimos años.

Emilio Delgado: El traspaso del dinero público hacia los bolsillos cercanos al Partido Popular y el deterioro de los servicios públicos son dos caras de una misma moneda.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre acusado de vender contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por cada uno. Este falso empleador facilitó al menos 25 contratos fraudulentos en un breve periodo de tiempo, aprovechando la desesperación de quienes buscaban regularizar su situación en España. Las indagaciones de los agentes del grupo UCRIF revelaron que el detenido se presentaba como empleador de una supuesta empresa de reparto de mercancías.

La Diputación de Badajoz, presidida por el PSOE, tiene a sueldo como «alto cargo» al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Debate publica hoy en exclusiva su contrato, que estipula que tiene que llevar a cabo su labor de manera presencial y también que cuenta con un extra salarial que hace que se triplique la cantidad que percibe mensualmente. Como publicó este periódico la semana pasada, una juez extremeña ha abierto diligencias contra él por malversación

La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.

Ambulancias Civera, actual adjudicataria del transporte sanitario para los pacientes del área de Pontevedra y O Salnés, seguirá realizando este servicio después de que este lunes 20 de mayo se cerrase el plazo sin que se presentasen ofertas en el nuevo concurso para otorgar esta concesión.

La contrata adjudicataria de las obras de remodelación de Pablo Iglesias mantiene la previsión de finalizar hoy los últimos remates pendientes de la acera entre General Suárez Valdés y Usandizaga. Será con siete días de retraso respecto a la última prórroga concedida, con lo que si no se producen nuevas demoras las empresas adjudicatarias –Sardesa y Arposa– deberán abonar una multa acumulada de 4.305 euros.

Grupo Control gana la batalla por reequilibrio económico en contratos públicos ante el aumento de los costes laborales. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente inflación, la empresa se enfrentó a un aumento considerable en sus costes laborales, lo que puso en tela de juicio la viabilidad de sus contratos existentes. Sin embargo, los tribunales y la Junta han respaldado sus reclamaciones, reconociendo la necesidad de actualizar los precios de los contratos para compensar los impactos imprevistos de los cambios en las cond

Portos de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, acaba de firmar el contrato para la redacción de estudios previos ambientales y técnicos para obras de dragado en más de una treintena de puertos de titularidad autonómica.Junto con las 31 actuaciones previstas en este contrato, el ente público acaba de tramitar también en los últimos meses un total de ocho actuaciones más de dragado por importe de 5,5 millones de euros.