Es el 77% del presupuesto anual de la Xunta para sanidad, más de tres veces lo que se gasta al año en políticas sociales o algo más del 30% del dinero del que dispone en cada ejercicio. Desde 2018 hasta 2023, el Gobierno gallego, dirigido por el Partido Popular ha gastado 4.000 millones de euros en contratos sin concurso público, en licitaciones menores. Es decir, en contratos a dedo de hasta 15.000 euros para servicios y de hasta 40.000 euros para obras, que son los máximos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para que un en

La firma gallega Mape Asesores ha obtenido contratos menores por valor de 129.000 euros, la mayoría en 2021 y con un objeto de contrato muy similar.

En este caso la empresa PRHOINSA propiedad de la familia de la exmujer de Tomás Díaz Ayuso también consiguió un contrato a dedo por 925.000 euros por la venta de 25 respiradores el 2 de abril de 2020

A veces la irregularidad es ínfima, como superar en un céntimo la barrera para dar contratos a dedo, pero en otras veces es relevante, como en 11 contratos donde ese límite se superó ampliamente. Otra de las irregularidades más frecuentes es prorrogar contratos menores año tras año, algo en lo que han caído frecuentemente entidades como la CRTVG o el Consorcio de Servizos Sociais.

La firma Ariete se ha llevado un contrato de 2,3 millones de euros. Pertenece a una exedil de Alcorcón. El PSOE lo define como “cacicada” y otras dos empresas han presentado sendos recursos

Los contratos a dedo se vuelven contra Vox. La formación que lidera Santiago Abascal, una de las más críticas con las adjudicaciones de forma directa por parte de distintas administraciones, ha dado en los últimos años decenas de contratos sin respetar el principio de publicidad.

Tres años después la Cámara de Cuentas le dice al Gobierno regional ‘así no’. El órgano que se encarga de fiscalizar la actividad de la Comunidad de Madrid ha analizado los 103 contratos que el equipo de Ayuso firmó en 2020 para construir y poner en funcionamiento el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y le reprocha algunos excesos en la aplicación de la contratación de emergencia, tal y como vienen denunciando en la Asamblea de Madrid los grupos de la oposición. Se trata de expedientes con un valor conjunto de más de 101 millones…

El gobierno de Ayuso otorga por la vía de emergencia a la empresa de una exconcejala del PP contratos que ya deberían haberse adjudicado por concurso público. A casi tres años de la inauguración del Hospital Isabel Zendal, algunos contratos, como el de la seguridad, siguen adjudicándose por la figura del contrato de emergencia. Una forma de contrato pensado para acontecimientos catastróficos y situaciones de peligros graves. Desde el primer contrato, en noviembre de 2020, le han sucedido 6 renovaciones, todas a dedo y sin concurso público.

Cuando Javier Negre lanzó una serie de vídeos haciendo el Camino de Santiago, Galiciapress preguntó a la Xunta de Galicia si había contratado al responsable de Estado de Alarma TV (EDA TV) para alguna promoción xacobea. La Administración Autonómica no respondió pero finalmente resulta que sí, le adjudicó varios contratos a dedo justo cuando Feijóo, entonces presidente, valoraba dar el salto a Madrid.

La Consejería de Sanidad continúa adjudicando contratos sin concurrencia pública para esta infraestructura pese a que el último estado de alarma por la Covid-19 terminó hace más de año y medio.

La Comunidad de Madrid ha adjudicado 18 contratos a dedo a Artesolar Iluminación, la empresa en la que Tomás Díaz Ayuso trabaja como gerente de Desarrollo de Proyecto. El primero se cerró en octubre de 2017, a los pocos días de que su hermana Isabel Díaz Ayuso se convirtiera en viceconsejera de Presidencia y Justicia, y el último en marzo de 2020. La Consejería de Sanidad y el Canal de Isabel II figuran como adjudicadores. Sin contar el IVA, el importe de los 18 supera los 96.000 euros.

Una investigación revela anomalías en al menos una convocatoria de RTVE, otra del Ministerio para la Transición Ecológica y una tercera de un consorcio catalán de hospitales.

La UCO apuntala la investigación contra Ana Millán. Afirma que tuvo un papel “activo” en las adjudicaciones irregulares a una empresa que al mismo tiempo contrató a su pareja sentimental y a su hermana, y le abonaba la hipoteca del ático que posee la también vicesecretaria de organización del PP de Madrid. El informe de la Guardia Civil, que avanza la Cadena SER, ha sido clave para que una juez de Navalcarnero pida que se impute a Ana Millán por cuatro delitos relacionados con la corrupción

Los contratos, con un valor total superior a 16 millones de euros, han sido adjudicados 'a dedo' y forman parte del Plan de Garantía Sanitaria que presentó la Consejería de Salud en febrero

Un emprendedor tecnológico subvencionado por el Gobierno Ayuso, entre otros, vende entradas para el evento y cursos online de miembros del ultraliberal Instituto Juan de Mariana con Milei como reclamo

El Juzgado de Instrucción número 1 de Carmona abre diligencias previas por prevaricación contra el líder popular Ricardo Sánchez, el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y el dirigente regional Francisco Rodríguez Roa, por paralizar el proyecto de un tanatorio público en el municipio sevillano y autorizar uno privado a la promotora familiar de Rodríguez Roa. La investigación parte de una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición el pasado 10 de abril, pero el juez ha tardado dos meses en abrir diligencia

El Tribunal Supremo ha confirmado la validez de incluir cláusulas en los contratos de alquiler que impidan su prórroga, extendiendo esta decisión también a los arrendamientos rústicos, según la sentencia del 8 de mayo, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE.

La falta de sanitarios se agrava durante los meses de junio, julio y agosto, por lo que algunas regiones han solicitado un Consejo Interterritorial Extraordinario para abordar la problemática. La rama más dañada por este descuadre es la de Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en el ámbito de la atención primaria.

El denunciado por prevaricación e investigado por la Fiscalía Europea Javier Ureña, contestó a las preguntas de Mercedes González sobre el contrato de 2.6 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol reclamó y que los populares de Marga Prohens dejaron caducar. El chaval "no sabía lo que firmaba", no distingue entre plazos de 3 u 8 meses, no se entera de lo que sentencia la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo...un auténtico pepero pura cepa.

El gobierno castellanoleonés solicitó los servicios de una de las compañías del protagonista de estas líneas por valor de unos 11.565 euros, según se desprende del Informe de la UCO. Se trata de BARRABÉS SKI MONTAÑA SLU, una firma relacionada con la venta de material de montaña y escalada que, en el ejemplo concreto que concierne, concedió material de protección individual a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, capitaneada en la región por los populares. Dicha adjudicación se formalizó en marzo de 2023.

Nueva victoria del Ministerio de Defensa en la Audiencia Nacional por las penalidades impuestas a Indra, Sapa y Santa Bárbara en el marco del ‘macro-programa’ del vehículo de combate sobre ruedas 8x8. Se trata de uno de los grandes contratos asociados al programa vinculado a la construcción de demostradores que sirvieran para comprobar que cumplía con los requisitos previos antes de la construcción de los equipos definitivos.

El Ayuntamiento de Madrid, a cargo de José Luis Martínez-Almeida, contrató en más de una ocasión a las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los señalados por el Partido Popular en el caso judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Para ser más exactos, el montante de estas adjudicaciones asciende a cerca de 2,5 millones de euros, sin IVA.

Amazon tiene el objetivo de deshacerse de un determinado porcentaje de empleados cada año, y tres ejecutivos afirman que sienten tanta presión por cumplir ese objetivo que contratan a personas con el fin de despedirlas. Afirman que contratan a personas a las que pretenden despedir, simplemente para cumplir con su objetivo de rotación anual. Esta práctica se denomina internamente "contratar para despedir", según tres directivos de Amazon. Un portavoz de Amazon ha negado que la empresa contrate a empleados con la intención de despedirlos.

Bélgica, que ya se convirtió en 2022 en el primer Estado europeo -y el segundo del mundo- en despenalizar la prostitución, ha dado un paso más al aprobar su Parlamento que los trabajadores sexuales puedan tener contratos laborales con acceso a la seguridad social, bajas por enfermedad o maternidad y pensiones. "El trabajo sexual es un trabajo (...) Las trabajadoras sexuales también somos personas. Necesitamos y merecemos la misma protección laboral y derechos como cualquier otra persona que trabaje en un restaurante o en una fábrica".

El portavoz del Ejecutivo madrileño señala “el trabajo” conjunto del matrimonio “desde hace muchísimo tiempo”

En la isla de Eivissa proliferan los contratos cortos, a pesar de que la Ley de Vivienda obliga a un mínimo de cinco años de vigencia. "Quieren echarnos para alquilar las casas en plan turístico o para cobrar el doble de lo que pagamos ahora", lamenta Sonia, una de las afectadas

La campaña va dirigida a empresarios que echan a sus empleados justo al cumplirse seis meses de contrato, el final del periodo de prueba. Se ha multiplicado hasta por nueve el número de despidos justificados en no superar la fase de prueba