La responsabilidad civil derivada del incendio del edificio de Nou Campanar en Valencia, que ha costado diez vidas, no podrá recaer ni sobre el constructor, ni sobre el arquitecto al estar prescrita desde hace cinco años. De hecho, esta prescripción, que actualmente tiene un máximo de diez años y que era hasta el último cambio legislativo de 15, tampoco se podrían haber aplicado, ya que, según ha podido saber ElPlural.com de fuentes conocedoras del asunto, los 15 años se cumplieron en enero, un mes antes del fatídico incendio, que ha sucedido e

Uicesa, la empresa que construyó el edificio incendiado en el barrio de Campanar de València, también quebró tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Acabó igual que la promotora Fbex. En sus últimas cuentas anuales disponibles en el Registro Mercantil, la constructora anotaba una cifra de negocio en la Comunitat Valenciana de 57,3 millones de euros, por detrás de Madrid, su principal área de influencia, con 316 millones. La constructora se centraba en edificios residenciales como el de Campanar.

El incendio en València de un edificio de catorce alturas, de fachada ventilada y revestimiento de poliuretano creará "un antes y uno después" en España, donde hasta ahora no había habido ningún siniestro similar, pero sí que los han vivido en Londres y en China hace unos años. [Val]

Era un secreto a voces pero nadie lo había verbalizado hasta ahora, menos aún en una declaración judicial. El chalet en la lujosa urbanización El Tossalet en Xàbia (Alicante) era de Rita Barberá, según la declaración de un constructor al que el principal investigado en el 'caso Azud' pagó en efectivo obras en la vivienda familiar. [...] El acta de declaración, incorporada al sumario del 'caso Azud', reseña los pagos en efectivo, de hasta 57.000 euros, por obras en la vivienda, situada en una de las zonas más exclusivas de la costa valenciana

Los citados inversores internacionales apuntan a convertirse en los adjudicatarios del suelo para la construcción y explotación de al menos 223 viviendas en alquiler en la región. Se trataría de la primera gran irrupción en el mercado residencial español por parte de Kajima, una gigante de la construcción de obra pública en Japón, con el respaldo de DeA y su socio financiero, el americano Harrison Street.

Rafael del Pino, que controla el 20,4 % del capital, se deja 110 millones, en su sueño holandés, desde el estreno bursátil en los Países Bajos.

Las constructoras venían siguiendo muy de cerca el plan de peajes que debería haberse implantado a partir del 2024. La patronal Seopan, que agrupa a compañías como Ferrovial, ACS, FCC, OHLA, Sacyr o Acciona, entre otras, defiende que el pago por uso es una “materia obligatoria” para el próximo Gobierno para intentar paliar el “déficit inversor” que, en su opinión, sufren las carreteras españolas.

En concreto, ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, OHLA, Comsa, Grupo Sanjose y Sener coparon en 2022 el 46,2% de la cifra de negocio obtenida por grupos internacionales en Australia y el 44,4% en Estados Unidos.

La Ley de Vivienda es ‘light’, dice Alejandro Inurrieta, por la presión que ejercieron los ‘lobbies’ sobre el PSOE para dejar el control de precios fuera del texto. En este mercado no hay inspectores. Esa labor deberían hacerla los inspectores de consumo, pero no hay. Cuando uno tiene un problema con su casero, o se va a un juzgado, o no hay ningún estamento público que le ayude. En Europa hay mecanismos de arbitraje muy desarrollados. En España estamos a años luz. Y no hay interés por mejorar.

La Política Agraria Común (PAC) es uno de los pilares económicos de la UE. Sus fondos nutren el sector primario desde la partida básica que perciben los agricultores a ayudas para promover transformaciones en el campo: digitalización, lucha contra la crisis climática o paliar el problema demográfico... Sin embargo, las diferentes partidas de la PAC permite que algunas compañías de sectores alejados del campo se embolsen cantidades importantes: gigantes de las telecomunicaciones, importantes cadenas de supermercados o constructoras.

Los grupos ACS, SanJose, Azvi, la tecnológica francesa Thales, Rover, Comsa Corporación y CAF son las empresas protagonistas de los tres principales contratos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -los Next Generation UE– para luchar contra la crisis. Constituidas en Uniones Temporales de Empresas (UTE) se han hecho con tres adjudicaciones que suman 783 millones de euros.

Pequeño fragmento de Julia Otero hablando sobre el libre mercado, el rescate a las grandes empresas constructoras y la hipocresía de sus ultraliberales jefes.

Las autoridades han emitido 131 órdenes de arresto contra constructores, promotores, arquitectos y financieros por su laxitud a la hora de cumplir la legislación antisísmica. Algunos arrestos se están produciendo en los aeropuertos. Mientras que en Turquía los equipos de rescate trabajan para encontrar los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas entre los escombros tras los terremotos que afectaron a dicho país y a Siria, las autoridades han emitido 131 órdenes de arresto contra constructores, promotores, arquitectos y financieros por su

Turquía detiene a un centenar de responsables de la construcción de edificios defectuosos

La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.