El sistema político de Estados Unidos siempre ha tenido un aprecio por lo barroco y rebuscado. Tenemos una separación de poderes estricta, con múltiples actores con legitimidad democrática directa. El procedimiento legislativo es lento y farragoso, con partidos indisciplinados. Aprobar legislación requiere sortear media docena de actores con derecho a veto, construir mayorías y consensos complicados, y además hacerlo con gente que no tiene el más mínimo interés de darte una victoria política.

No reúnen los requisitos de eficiencia energética que exige Europa y tendrán que rehabilitarse para obtener el certificado exigido para poder ser vendida o alquilada partir de 2030. Eso significa que en los próximos años, centenares de miles de viviendas deberán acometer obras de rehabilitación y reforma que mejoren su eficiencia energética. Porque saltar de una G a una D conlleva una inversión no menor, muchos propietarios de edificios ya con cierta antigüedad temen oír en cada junta de vecinos la palabra maldita: derrama.

Desde febrero de 2021, la normativa vigente podría infringir la legislación europea al dificultar injustificadamente el acceso al complemento para todos los hombres, independientemente de si son padres de uno o más hijos, lo que abre la posibilidad de presentar una reclamación. Adicionalmente, la sentencia aborda la solicitud de indemnización basada en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 14 de septiembre. El tribunal determina que se ha producido una discriminación contra el demandante por la denegació

Al grano, que el Estado ha comprado el 10% de Telefónica. Dicen que es por la entrada de los saudíes en la compañía, pero lo cierto es que eso me importa entre poco y nada. Lo que me ha provocado este imprevisto alborozo ha sido sencillamente el hecho de que el Estado entre en la compañía de comunicación. Punto. El Estado, o sea, yo. Y usted.

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El TSXG entiende que la cantidad fijada es suficiente para «compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial».

Al gobierno del PP le costará cerca de un millón de euros al mes pagar un complemento específico a los médicos que trabajen también en la privada. Colectivos y sindicatos demandan que ese dinero se destine a reducir las listas de espera y consideran la medida como “discriminatoria”. Los médicos gallegos que trabajen en la sanidad pública y a la vez en la privada percibirán un incremento salarial de, aproximadamente, un 10% de lo que ingresan.

La abogada de este hombre destaca que «esta sentencia abre la puerta a que los varones reclamen el complemento de maternidad, ya que los hombres que reúnen los requisitos, verán revalorizada su pensión de por vida entre un 5% y un 15%, en función del número de hijos y, además, obtendrán lo que no han percibido desde la fecha de acceso a la pensión hasta la fecha en la que se le ha reconocido el derecho al cobrar el complemento de maternidad”.