Paradores es una de las empresas públicas españolas con más personal eventual, en concreto cuenta con un 37,5% de la plantilla bajo este régimen laboral, solo superado por Tragsa, que tiene un 52%. Para cumplir con la Ley, la hotelera tendrá que ofertar 1.450 plazas y así reducir esa cifra al 8% antes de que acabe 2024. Este es precisamente el objetivo que persigue la reforma laboral que tantos meses de negociación le ha costado a Yolanda Díaz para priorizar la contratación indefinida.

El Gobierno trabaja a contrarreloj con la empresa pública Tragsa para tramitar el aluvión de proyectos de renovables que se acumulan sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica. El plazo vence en septiembre, tras la prórroga de nueve meses a la caducidad de los permisos de acceso a la red que el Ejecutivo aprobó en un Real Decreto-Ley en diciembre.

La empresa estatal Tragsa registró un beneficio neto consolidado de 23,8 millones de euros en 2020, encadenando así tres años consecutivos de resultados positivos tras aumentar en casi cuatro veces el resultado contabilizado el año anterior, En 2020, la cifra de negocio del grupo se situó en los 1.018 millones de euros, un 16,2% más que el año precedente.

El Gobierno quiere aprovechar el Real Decreto Ley que regulará la distribución y adjudicación de los fondos europeos que llegarán a España en los próximos años para ejecutar una serie de retoques en la normativa sobre contratación al objeto de hacer singularmente atractiva la adjudicación de proyectos a los llamados medios propios de la Administración como Tragsa e Ineco.

El recurso a Tragsa en ocasiones anteriores, como ocurrió en 2013 cuando el ministerio encabezado entonces por Fátima Báñez le encargó reforzar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ha sido puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas, que consideró el contrato “contrario a los principios de legalidad y economía”. También advirtió de que las resoluciones basadas en expedientes tramitados por Tragsatec podían ser nulas de pleno derecho al haberse extralimitado sus trabajadores en las funciones que les habían encomendado.

Tragsa, empresa pública encargada de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), comunicó a sus trabajadores que debían catalogar los informes de tal forma que ninguno apareciera como "conforme". Una trabajadora a la que despidieron tras negarse a ello cuenta cómo desde el primer momento la falta de información y las órdenes de sus superiores dejaban entrever que buscaban retrasar lo máximo posible la tramitación del Ingreso.

Ante el atasco en la tramitación de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE y el que se intuye que se producirá cuando se abra el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, el Gobierno ha decidido recurrir a Tragsa (empresa participada en un 51 % por el hólding público SEPI) con un contrato valorado en casi 140.000 euros para realizar tareas de apoyo para tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo por el coronavirus, tal y como recogía este fin de semana el BOE

TRAGSATEC precisa incorporar de forma urgente 40 Titulados/as Medios/as para prestar apoyo en la gestión de las solicitudes de subsidio para empleadas de hogar motivadas por la situación sanitaria creada con el COVID-19. Funciones: Revisión y apoyo en la gestión de Expedientes de solicitud de subsidios de Empleadas de Hogar

La CGT convoca un paro indefinido para que se reconozcan los derechos de dos guardas marinos de las islas de Columbretes.

Aprecia "indicios de un fraccionamiento de contratos" para beneficiar a la firma Reinforce, que asesoró a la empresa pública en el ERE para despedir a 555 personas en 2016. Tragsa abrió una investigación interna tras preguntar UGT por las adjudicaciones a esta firma, a la que pagó 400.000 euros entre 2012 y 2016, según la empresa estatal. Miguel Ángel Díez Quintanilla, ex secretario general de Tragsa, nombrado durante la etapa del PP y responsable del ERE, acaba de incorporarse al equipo de la consultora..

José Manuel Díez Quintanilla, ex secretario general de la empresa estatal, se incorpora a la firma Reinforce, que cobró 400.000 euros por asesorar en el despido de 555 empleadosFue degradado por la exministra Elvira Rodríguez, pero permaneció en Tragsa hasta el cese de la expresidenta de la CNMV el pasado septiembre

Economía destinó en mayo de 2017 a Miguel Giménez de Córdoba como consejero económico en la Delegación Permanente de España ante la OCDE, entonces encabezada por el exministro Wert.Desde febrero de 2012 hasta febrero de 2017, Giménez de Córdoba fue el máximo responsable de la empresa estatal y se convirtió en uno de los 20 ejecutivos mejor pagados del sector público en la era Rajoy.Antes, había sido consejero delegado del fallido Campus de la Justicia, en el que la Comunidad de Madrid dilapidó 105 millones y que investiga la Audiencia Nacional.

La Fiscalía ha pedido información a Tragsa sobre sus relaciones con la española Fomento al Desarrollo, responsable de ejecutar en 2014 un Plan Nacional de Protección Civil en Guinea.

Presidida hasta el pasado jueves por la exministra de José María Aznar y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha dado por perdidos 4,187 millones de euros que prestó a una empresa brasileña en quiebra,

Los trabajadores se han concentrado frente a la delegación de la empresa Tragsa y "lamentablemente" repetirán estas manifestaciones en el futuro, ya que no han recibido respuesta por parte de Hacienda, según ha informado a Europa Press el representante de Comisiones Obreras (CCOO), Antonio Criado. "No pararemos las movilizaciones hasta que no consigamos que se cumpla el acuerdo con Tragsa", ha advertido Criado, quien ha afirmado que ha acudido "bastante gente" a la concentración.

El personal de tres meses del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales se va al paro, sin siquiera derecho a un subsidio por su contrato temporal y precario, mientras empresas como Seaga y Tragsa están incorporando personal para participar en las labores de recuperación forestal de las zonas arrasadas por los incendios. La asociación denuncia la "hipocresía" de la Xunta y la política forestal encaminada a "segmentar el dispositivo fomentando la descoordinación, a reducir y desmantelar los efectivos del servicio público".