El 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción destapada en el Principado, libra un fase clave. Trece años después de que una ciudadana pusiera la denuncia con la que empezó todo, la Audiencia Provincial acaba de determinar quién debe devolver dinero a la administración autonómica y cuánto. El letrado del Principado pedía recuperar 4,9 millones pero la Sección Tercera considera que con las pruebas que han quedado validadas solo puede imponer el pago de 2,1 millones.

ÑLos dueños de Igrafo y APSA, los únicos aún en prisión. Renedo fue condenada a nueve años de prisión por delitos continuados de falsificación en documento oficial, malversación y cohecho. En el caso del Principado el ingreso en prisión de un exconsejero (José Luis Iglesias Riopedre), una ex directora general (María Jesús Otero) y una alta funcionaria (Marta Renedo), así como la comisión de investigación que organizó la Junta General, tuvo consecuencias.

El Principado estaba obligado a abonar el sueldo hasta el momento en que perdió definitivamente su condición de funcionaria tras el juicio. La funcionaria Marta Renedo, condenada a nueve años de prisión por el Caso Marea, siguió cobrando sin trabajar su salario nueve años, tras ser apartada de su puesto de funcionaria. Así lo ha reconocido la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, que ha afirmado este miércoles que el Principado ha realizado «todos los trámites necesarios para reclamar las cuantías del quebranto económico»

Las aguas turbias del caso Renedo vuelven a llegar a los juzgados asturianos. La jueza María Luisa Llaneza acaba de procesar, de nuevo, al exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero (ex directora general), y a los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez, deIgrafo y APSA. ¿El motivo? La investigación que ha descubierto otro posible delito, un fraude de 3,7 millones de euros en los ejercicios 2009 y 2010. Según ha descrito la jueza en el auto de 87 folios, hasta 125 expedientes se verían afectados

El que fuera consejero socialista de educación del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre saldrá de prisión previsiblemente en las próximas horas por «razones humanitarias» al haberse deteriorado su estado de salud. La fiscalía, que venía oponiéndose a que el exconsejero cumpliera fuera de la cárcel lo que le queda de condena por su implicación en el 'caso Renedo', el mayor caso de corrupción de Asturias.

El llamado 'caso Renedo' sentó en el banquillo a trece personas. Ex altos cargos del Principado, funcionarios municipales y empresarios se vieron salpicados por la mayor trama de corrupción destapada en Asturias. Consejero de Educación entre los años 2003 y 2010, José Luis Iglesias Riopedre era uno de los hombres más solventes de los gobiernos del socialista Vicente Álvarez Areces. De hecho, cuando las acusaciones empezaron a caer sobre él, el asombro fue mayúsculo entre quienes lo conocían.

José L. Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación (PSOE) que cumple condena por el 'caso Renedo' en la prisión asturiana, fue reconocido la semana pasada por dos médicos forenses. Los facultativos admiten que el reo está bajo de ánimo y mostró ideas desesperadas. «No quiero morirme en prisión», les repitió. Con todo el informe solo aprecia una «ligera agravación» de su estado de salud, no encuentra motivos que le impidan volver a cometer un delito y sostiene que el tratamiento que precisa lo puede seguir recibiendo en el centro penitenciario.

Vecinos de la localidad vallisoletana de Renedo de Esgueva han tapiado esta tarde con ladrillo y cemento la puerta de entrada y ventanas de una vivienda que se encuentra ocupada de manera ilegal desde hace un año. La acción reivindicativa, que se ha realizado con material transportado en una furgoneta con rótulos municipales, se produjo después de que la alcaldesa, Raquel González, asegurara que contaba con el permiso de ServiHabitat, inmobiliaria de La Caixa, propietaria del inmueble.

Fuentes penitenciarias aseguran que durante este mes, que se cumple el próximo 7 de noviembre, ninguno de ellos se ha visto envuelto en incidentes. Todos tienen, aseguran, perfiles no conflictivos y se han adaptado a la vida en prisión.

De ellos, 3,2 millones son los fondos públicos que cree que Igrafo y APSA utilizaron para pagar obras, viajes y regalos en favor de Otero y Renedo

La Audiencia reconoce que «ha sido imposible determinar hasta el momento» el perjuicio generado por la actuación de la exfuncionaria Marta Renedo. El perjuicio generado en la Consejería de Educación, no puede ser cuantificado porque el Principado no hizo un primer cotejo de los materiales que han sido entregados en los colegios hasta el año 2015, cuatro años después de que se destaparan estas irregularidades.

Los inspectores de la Agencia Tributaria que realizaron el informe sobre la contabilidad de la empresa Igrafo han explicado que en sus cuentas incluían como gastos deducibles los regalos que hacían a terceros. Según los inspectores de la Agencia Tributaria, los propietarios de Igrafo gastaban medio millón de euros al año en regalos. Si bien, resarcían ese gasto cargándolo después en un contrato con una administración pública, al que además añadían un margen comercial.

El «Caso Renedo» no es el único que, en Asturias, ha tardado en dilucidarse en los tribunales tras una larga fase de instrucción. Las denuncias en el Colegio de Enfermería, los casos de Villa, Mina La Camocha, El Musel o los cursos de formación de UGT son otros ejemplos.