Los datos de Madrid son raros, quizá porque cuando uno somete una situación a demasiado escrutinio acaba perdiendo la perspectiva. Desde este miércoles ya sabemos cuántas pruebas diagnóstico se hacen en la comunidad y sabemos, por boca de sus autoridades, cuáles son los criterios para hacerlos. Se está confiando por completo en los tests de antígenos, relegando las PCR a casos excepcionales. Al hacer los cribados con antígenos -para lo que, en principio, no están indicados-, la positividad baja del 18 al 15%, pero hay serias dudas de si...

Un informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, realizado por el Instituto de Salud Carlos III, confirma el aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, principalmente, entre las personas de 45 y 65 años.

El 25% del material enviado a analizar no cumplía con las condiciones contratadas. Muchas administraciones, como la Comunidad de Madrid y Puertos del Estado, distribuyeron material de protección sin control del laboratorio. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las fábricas chinas durante los primeros meses de la pandemia osciló entre 1,3 euros y dos euros, pero los especuladores consiguieron colarlas a las Administraciones españolas hasta por ocho euros.

Hay nuevas pruebas que demuestran que algunos funcionarios del gobierno saudí estuvieron más implicados en los atentados del 11-S de lo que se sabía hasta ahora. Según una nueva presentación en una demanda interpuesta por las familias de las víctimas del 11-S, los operativos de Al Qaeda recibieron un importante apoyo de miembros del gobierno saudí en sus preparativos para los atentados. Como explican Daniel Benjamin, presidente de la Academia Americana de Berlín, y Steven Simon, investigador principal del Instituto Quincy, en un nuevo artículo

El sistema sanitario público andaluz es una olla a presión que amenaza con explotar en cualquier momento. Así lo vienen denunciando los sindicatos de profesionales del sector, asociaciones ciudadanas y la oposición política prácticamente al completo. Tanto es así que todas las quinielas apuntan que la consejera de Salud, Catalina García, encabezará la previsible crisis de gobierno que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, puede acometer una vez pasadas las elecciones europeas de junio y el ecuador de esta legislatura.

España se enfrenta a innumerables desafíos en el medio y largo plazo: baja productividad, elevada deuda pública, un mercado laboral disfuncional, unas pensiones con un futuro incierto... Sin embargo, la economía española ha demostrado que puede salir adelante incluso en las circunstancias más adversas. Un buen ejemplo de ello es la crisis del covid, que atacó directamente a los pilares que sostenían la economía española. Más de cuatro años después, se puede decir que la economía de España ha sido una de las que mejor se ha recuperado.

Según consta en el relato de hechos probados que hace el fallo de la Sección Segunda, el 4 de septiembre las dos chicas se encontraban en un pub de la localidad con los dos procesados y, cuando cerró el local, las invitaron a tomar una copa en su domicilio. Allí ocurrieron los hechos que fueron objeto del juicio después de que el novio de una de las chicas las convenciese para que denunciasen. Posteriormente, se dirigieron a Urgencias para ser examinadas por un médico.

En apenas dos meses se han producido casi una veintena de asaltos en el depósito judicial de Campanillas, el último esta misma madrugada, según ha denunciado el funcionario del recinto, Juan Antonio Izquierdo. Una situación que, según subraya, es preocupante puesto que los responsables de estos robos estás sustrayendo pruebas que están bajo custodia por la apertura de distintos procedimientos que están pendientes de juicio.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) abre la puerta a que los ciudadanos puedan exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los efectos adversos sufridos tras la vacuna del Covid-19. La sentencia, de este 3 de mayo, condena a la Administración (concretamente al Servicio Extremeño de Salud) a indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió trombosis y quedó con "secuelas y padecimientos" tras la inoculación de la vacuna de Janssen.

Un agente de la Policía Nacional que investigó a Pompeyo González, el autor del envío de cartas explosivas a Moncloa y a varias embajadas, ha afirmado este lunes que el jubilado sabía que estaba siendo vigilado días antes de su detención. Por este motivo, el burgalés de 74 años al que la Fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado 22 años de prisión por un delito de terrorismo con lesiones, habría aprovechado para eliminar pruebas.

La fiscalía no ve pruebas que demuestren que la activista social golpeara y lesionara a un agente en el desalojo de las vías que tuvo lugar al término de la manifestación del Día de la Mujer. Seis años después de que la joven fuera acusada de agredir a un agente de la autoridad, la Fiscalía ha retirado los cargos por falta total de pruebas. Durante este tiempo, la lucha de Sandra se ha convertido en un símbolo de resistencia murciana contra la injusticia. El año pasado se recogieron miles de firmas para pedir justicia por ella.

La Consejería de Educación introduce en la prueba diagnóstica de 2º de la ESO preguntas que algunos profesores tachan de "supremacistas" y de planteamiento "eurocéntrico": “¿Según el pensamiento español de la Edad Moderna, los hombres son superiores o inferiores según su raza / iguales por derecho natural”.

El Fujian desplaza 80.000 toneladas y su eslora es de 316 metros, con lo que publicaciones japonesas ya hablan de una capacidad de carga de entre 60 o 70 aeronaves, entre ellas el J-15 o el KJ-600. A diferencia del Lioning, un portaaviones remozado procedente de Ucrania, este portaaviones es el segundo construido totalmente en China, tras el Shandong, que desplaza 66.000 toneladas y mide 315 metros. Equipado con catapulta CATOBAR, el Fujian puede lanzar mayor número de cazabombarderos en poco tiempo y con una mayor carga de armamento

La UE suspende la comercialización de la vacuna de AstraZeneca. El propio laboratorio lo solicitó a la Comisión Europea en marzo.

Trabajadoras y trabajadores esenciales que se vacunaron con un fármaco contra el covid-19 que luego fue retirado por sus efectos adversos sufren patologías incapacitantes tres años después y quieren que se reconozcan sus contingencias laborales.