El fundador y dueño de Fotoprix, Porfirio González, ha ofrecido tres locales valorados en 2,6 millones de euros para zanjar sus problemas con Hacienda. El empresario lleva años intentando cerrar este asunto con escaso éxito. En el juicio celebrado este martes en los juzgados de Barcelona, ha vuelto a reconocer su culpabilidad. “Estoy arrepentido. Todo esto me ha generado muchos problemas”, ha asegurado ante la magistrada.

El expresidente del Gobierno ha hecho un llamamiento para que se arregle este problema de forma urgente y ha contado como anécdota una condena que le ha llegado a un hombre que murió hace tres años.

Se habla más de la mujer de Sánchez, sin estar imputada, que del novio de Ayuso, que ha reconocido varios delitos. Todo lo demás sobra. Objetivo cumplido de las cloacas, otra vez.

"Lo más frustrante aparte del abandono por parte del Gobierno es saber que en Polonia no hay límite a la prisión preventiva", dice Oihana Goiriena, esposa del periodista Pablo González. Sospechoso de espiar para Rusia, cumple 2 años de prisión preventiva aislado y en condiciones severas, y según el derecho polaco, puede pasar así muchos más. ¿Por qué no intercede el Gobierno español? ¿Por qué le rechazaron los medios de comunicación con los que trabajaba?

El fiscal arguye que la nota de prensa que dio origen al litigio “ponderaba, sin duda, los datos que la Fiscalía poseía” y se publicó para responder a un “bulo”. Este miércoles, la Fiscalía ha movido ficha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)―que investiga el caso— el archivo del mismo. De hecho, en un escrito adelantado por la Cadena SER y Europa Press, y al que ha tenido acceso también EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero apunta a que la “violación de seguridad” pudo producirse en el “entorno” del investigado

Pero sin duda, Pablo Motos se ha asegurado de guardar el plato fuerte de la semana para el último día de entrevistas. Felipe González acudirá a ‘El Hormiguero’ a pocas semanas de las elecciones europeas, que se celebran el próximo 9 de junio. Junto al presentador, el ex presidente del Gobierno analizará la actualidad política y la labor del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien no ha dudado en criticar públicamente en repetidas ocasiones.

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

El director de la campaña del PP a las europeas, Esteban González Pons, no ha tardado en alinearse con el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el presidente argentino, Javier Milei. En concreto, por referirse éste a la corrupción de Begoña Gómez en el acto ESPAÑA VIVA 24 de VOX. «El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión el política nacional», afirmaba.

Una resolución del Alto Tribunal firmada por Manuel Marchena, Antonio del Moral y Cándido Conde-Pumpido desestimó una querella contra el ministro Morenés por emitir una nota de prensa en la que revelaba datos personales del denunciante. El Supremo concluyó que “ningún secreto se desvela” si ya había sido publicado por los medios de comunicación y defendió la “libertad de información” y el “derecho de la sociedad a estar informada”

Esteban González Pons critica que el presidente de Argentina en su primer viaje a España no salude al Rey ni al Parlamento y se vaya a un acto de Vox.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Aunque el Reino Unido es la sexta economía del mundo, y cuenta con una fuerza militar dignas de elogio, se forcejea con su nueva identidad post-imperial.

Qué ironía, ¿verdad? El TSJM, encargado de investigar las filtraciones en el escándalo del novio de Ayuso, ahora se ve envuelto en su propia polémica por filtrar información sobre la denuncia contra Begoña Gómez. Parece que la justicia tiene una extraña forma de equilibrio

A día de hoy, y como se ha demostrado a lo largo de este análisis, la OTAN ha fagocitado y sometido, por completo y a la fuerza, a España. Todo ello, a través del chantaje, las amenazas, la extorsión, asesinatos, y la compra de voluntades políticas y mediáticas. Hasta tal punto, que, a día de hoy, tal y como explicó en 2022 a Informativos Telecinco el catedrático en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Rafael Calduch, todas las bases militares que hay en España pueden ser utilizadas a día de hoy por la OTAN, los Estados U

Prometo fustigarme como alma que lleva el diablo si me pasáis un tuit, artículo o diatriba de Motos, Amón, Ivars, Zarzalejos, Vallés, Marhuenda, Alsina, Ana Rosa o Griso contra el PP por la censura y el ataque a la libertad de prensa cuando Pons pedía leyes contra los bulos. Lo mismo digo si me pasáis un tuit, declaración o soflama de Feijóo o Ayuso acusando al gobierno del PP de dictadura y a Rajoy de tirano o autócrata por querer marcar con un sello las noticias falsas.