El origen está en un “vuelco”. Había desaparecido un alijo de hachís y una serie de personas, entre las que se encuentran los seis condenados en esta causa por la Audiencia Provincial de Cádiz, se concertaron para que aquello no quedara sin consecuencias. El fiscal comenzó pidiendo, para todas y cada una de las personas procesadas, penas de prisión que sumaban los 87 años. Aunque han quedado acreditados los hechos por los que acusaba el Ministerio Público, el cumplimiento efectivo de pena para varios de los acusados se ha quedado en seis años d

El caso de la felación en la discoteca Waka tiene un peculiar encaje en la normativa legal, en la que no se presupone que la grabación y posterior difusión de imágenes de carácter sexual se realice en un sitio público, a la vista de decenas de personas y, al margen de que hayan circunstancias todavía no reveladas, con el aparente consentimiento de sus protagonistas.

Injuriar por internet dejará de ser un acto impune en algunos países. De hecho, en Japón han ido más allá y recientemente han aprobado una ley sin precedentes en la que los insultos serán castigados con penas de cárcel que pueden alcanzar hasta el año y multas accesorias de 2.000 euros, mientras que el plazo de su prescripción también se ha ampliado de un año a tres.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha alertado este jueves de un "draconiano" proyecto de ley en Camboya que permitiría condenas de hasta 20 años de prisión y "otras penas desproporcionadas" por incumplir medidas impuestas por la COVID-19, que contiene disposiciones "vagas" de las que podrían "abusar fácilmente" las autoridades. Por ejemplo, abandonar la autocuarentena antes de tiempo se castiga con hasta tres años de prisión.

La difusión de bulos en las redes sociales puede acarrear hasta cinco años de prisión, según la Fiscalía General del Estado, que ha salido este viernes al paso de las noticias falsas para anunciar que estudia los tipos penales donde encajar tales delitos.

Diego López Garrido es catedrático de Derecho Constitucional. Si su opinión tiene valor en este momento es porque fue, en 1995, el artífice del redactado del delito de rebelión en el Código Penal y el autor de una enmienda que establecía explícitamente que para que hubiera rebelión debía haber violencia. "Cuando transcurre la cuarta parte de la condena, se puede acceder a los beneficios penitenciarios. Quienes hayan sido condenados a 10 años y lleven ya cumplidos 2 y medio en prisión provisional, pueden solicitar ya los permisos".

Flores ha sido trasladado al módulo del respeto, un programa penitenciario que se aplica a los reclusos que lo solicitan y que acreditan buena conducta. Los internos a los que se aplica el proyecto siguen un ritmo de vida más normalizado que el resto de presos y tienen un seguimiento psicológico más intenso. Consiste en la formación de grupos a los que se les asignan tareas y actividades de mantenimiento del centro. Según ha podido saber ECD, Flores forma grupo con dos ex empleados que permanecen ingresados en la misma prisión.

Prevé solicitar cárcel automática para aquellos con condenas elevadas, entre ellos Rosalía Iglesias, y pedir para los situados en un nivel inferior el pago de fianzas.

El artículo 502 del Código Penal castiga con "prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses" a quien "convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio. "El tesorero de Ciudadanos sostuvo en el Senado el 13 de julio de 2017 que no tenía "ninguna causa" pendiente con la Justicia "ni en España ni fuera de España", cuando en realidad tenía tres procesos abiertos en Brasil..preguntado por el senador Luis Aznar (PP) sobre si era cierto que estaba presente "en más de 100 causas o incidencias

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha mantenido esta mañana, ya como definitiva, la petición de penas de prisión formulada para los principales acusados del caso de las tarjetas black en el escrito de acusación provisional presentado hace diez meses. En el caso del expresidente de Bankia Rodrigo Rato y del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el fiscal reclama cuatro años y medio de cárcel y seis años de prisión, respectivamente, por apropiación indebida.

La Audiencia de Zaragoza impone sendas penas de cuatro años de prisión al exconsejero delegado de Plaza, Carlos Esco; al exgerente, Ricardo García Becerril, y al constructor Agapito Iglesias por cargar a la sociedad autonómica una deuda millonaria que debía pagar una empresa de venta de automóviles. Cuatro años de prisión. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha cerrado con una condena el primer juicio por corrupción en la gestión de la plataforma logística Plaza y ha impuesto sendas penas de cárcel de esa duración

El Consejo de Ministros israelí ha aprobado este domingo un proyecto de ley para endurecer las penas por lanzar piedras con intención de agredir, una medida que surge de la oleada de protestas palestinas que tuvieron lugar el año pasado en Jerusalén Este. Este proyecto de ley, que obtuvo el visto bueno del Parlamento a finales del año pasado, permite sentencias de hasta 20 años de prisión para quien lance piedras con el objetivo de dañar a otras personas.

La sentencia condena a la totalidad de las trece personas procesadas a un año de encarcelamiento por un delito de atentado, y le suma a ocho de ellos una pena adicional de seis meses por desórdenes públicos. Desestima, sin embargo, la circunstancia agravante que solicitaba la fiscal para pedir penas de entre cinco y seis años. Relacionada: www.meneame.net/story/fiscalia-pide-casi-seis-anos-prision-otros-13-ma

La Fiscalía confirma en el primer día del juicio de la pieza central que hay acuerdo: pedía 21 años para el guardia. El año y medio que solicitaba para otros tres acusados de la Operación Carioca finalmente se quedará en multas. La vista continúa este miércoles contra el otro guardia civil acusado, el único que no aceptó declararse culpable: están llamados cinco testigos.

La policía de Guatemala halló cocodrilos, zorros y demás animales salvajes este domingo, tras hacerse con el control de la cárcel de seguridad “El Infiernito” al trasladar a los 225 miembros de la pandilla Barrio 18 internados, dedicados a extorsionar y ordenar crímenes. Encontrar ese tipo de fauna silvestre “es un tema gravísimo porque demuestras que había un descontrol total” en la prisión

Al igual que otras ciudades como Granada, Sevilla, Málaga, Logroño, León o Salamanca, Llobet destaca que “se pueden aplicar medidas para reducir el ruido, como sancionar a los que llevan megáfonos, o también prohibir ir por la calle con complementos con forma de genitales en la cabeza, con muñecas de carácter sexual o en ropa interior. No queremos turismo de borrachera para nuestra ciudad, estamos trabajando para atraer turismo de calidad respetuoso con la vida de los vecinos de nuestros barrios”.

El tribunal insta a una nueva investigación contra la condenada por el maltrato psicológico al padre con este crimen

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 1 año y 6 meses de prisión y a una multa de 1.920 euros al administrador único de una inmobiliaria de Viana (Tierra Estella) que se apropió de 38.600 euros aportados por la compradora de una vivienda en concepto de contrato de arras y gestión de fondos.

“Es genial poder aprender y tener este enlace con el mundo de fuera”, afirma uno de los 70 presos con los que asistimos a una de las sesiones de esta iniciativa creada por la Universidad de Castilla-La Mancha hace tres años para llevar la “educación, la ciencia y la cultura” a los centros penitenciarios.

Por ahora, quien más se acerca a ese modelo es Giorgia Meloni, que no es una pía católica e incluso tiene connotaciones fascistas en su juventud. Marine Le Pen, desde luego, no.incluso de corte fascistoide. Recuerden: ¿qué es el fascismo? Es la deificación de la patria o de la nación. Y la patria y la nación son muy importantes... pero no son Dios. No hay que adorar a la patria, en ocasiones, incluso, el patriotismo consiste en reprocharle lo que hace mal. O sea, lo que hacemos mal los 'patriotas'. Pero la nación no tiene entidad personal

El músico participará en un mesa sobre Cómo retomar el cultivo de la hispanidad. En el curso también participará el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Una mujer ha ingresado en prisión provisional acusada de intentar matar a dos de sus tres hijos, de 11 y 13 años, en Lorca, a los que les suministró orfidal, según han informado fuentes próximas a la investigación. La detención tuvo lugar el 19 de abril, tres días después de que ingresara junto a los dos niños en el hospital Rafael Méndez de la localidad murciana por intoxicación con medicamentos.

La fiscala Antidroga de Cádiz y delegada Antidroga para Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Villagómez, consideró ayer que los seis acusados por error de matar a los dos guardias civiles embistiendo hasta siete veces su pequeña zódiac con un fueraborda de 14 metros de eslora deben permanecer en la cárcel, ya que «siguen imputados por delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión», por lo que defendió las medidas cautelares adoptadas.