El pasado 5 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado una Orden mediante la cual se establecen una serie de criterios organizativos y procedimentales respecto de las actuaciones a llevar a cabo con relación a la desinformación, en el marco de lo ya establecido en esta materia por el Consejo de Seguridad Nacional. La Orden en cuestión ha suscitado pues un ruido forzado y poco fundamentado. Un ruido que quizá hubiese podido ser evitado con una mejor información y una mayor claridad en la redacción y calidad técnica de la norma.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al rapero Pablo Rivadura, conocido artísticamente como Pablo Hasél, a las penas de 9 meses y 1 día de prisión, es contraria a los estándares internacionales y supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión.

Los expertos consideran que este decreto da facultades al gobierno para intervenir las telecomunicaciones, lo que afecta a los derechos fundamentales y no se ajusta a los requisitos que la Constitución impone para regular en esta materia.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) junto con la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), y las organizaciones y expertos que se quieran sumar

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pedirá hoy en el Congreso a los miembros de la Diputación Permanente que voten en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 266, de 5 de noviembre.

“A diferencia de la versión previa, ahora, en el polémico artículo 13, no se menciona expresamente el filtrado automático de contenidos, pero se obliga a las empresas que no firmen acuerdos de licencia ‘a cooperar de buena fe para que esos contenidos no estén disponibles’, y acto seguido se alude a que ‘la revisión’ de las decisiones ‘será humana’. Es decir, que tácitamente se está diciendo que la primera decisión de retirada puede no ser humana” explica Carlos Sánchez Almeida.

La tramitación exprés de la nueva Ley de Protección de Datos ha introducido una disposición que pretende transformar el sistema de propaganda clásico por las nuevas técnicas de captación de voto a través de mensajería y redes sociales. Sin embargo,aún hay demasiadas lagunas y brechas que no quedan esclarecidas en la normativa,y que tendrán que esclarecer los tribunales o la Junta Electoral..la PDLI ha preparado un antídoto en forma de escrito que se pondrá en marcha inmediatamente después de la publicación en el BOE de la Ley Orgánica. El formu

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera “alarmante” la propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos para eliminar la necesidad de autorización judicial en caso de supuesta reiteración de una infracción prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, cuya reforma se tramita en el Congreso.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), han acordado elaborar una guía práctica sobre feminismo y medios, de comunicación. La apuesta pasa porque la perspectiva de género esté presente en todo tipo de medios de comunicación –televisión, radios, periódicos, publicidad…-, y que en la información debe estar presente en todas las secciones, en las imágenes y en cualquier tipo de mensaje.

"Los datos del expediente académico, aún admitiendo su carácter personal, no tienen la consideración de sensibles", recoge esa sentencia. El texto, que cita en parte la querella, señala que para que haya delito de revelación de secretos los datos deben pertenecer a la esfera íntima.La PDLI cree Cifuentes trata de conocer la fuente de la información y reclama que la Fiscalía no pueda perseguir este tipo de filtraciones..

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han pedido este viernes al que será el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proceda a "la derogación de todos los límites a la libertad de expresión".

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) valora muy positivamente que Pedro Sánchez haya incluido en su discurso de este jueves la necesidad de derogar urgentemente parte de la ‘Ley Mordaza’ por vulnerar derechos fundamentales. Precisamente, ayer la PDLI registraba un escrito en el Congreso instando a los Grupos Parlamentarios a acelerar esta medida independientemente del resultado de la moción de censura.

La Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) se ha dirigido en la mañana de hoy a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la subdelegación de Cádiz instándoles a no tramitar la denuncia. Enlace a la carta: libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2018/05/Carta-DelegadoGobier

En un acto organizado este jueves en Madrid por la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI), la periodista Virginia Pérez Alonso, presidenta de esta asociación, y los abogados Joan Barata y Carlos Sánchez Almeida han explicado las claves legales del “retroceso sin precedentes de la libertad de expresión en España”. Su intervención se ha centrado principalmente en la sentencia al rapero Valtonyc. Pérez Alonso ha solicitado que España cumpla con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, donde se marcan los límites...

La Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) considera de extrema gravedad la inminente entrada en prisión del rapero Valtonyc, condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por el contenido de las letras de sus canciones. Para la PDLI esta pena constituye una clara vulneración de los Derechos Fundamentales y es contraria a los principios internacionales sobre libertad de expresión a los que España está sujeta.

Según el jurista experto en Derecho Internacional y miembro de la PDLI Joan Barata, esta confirmación de prisión del Tribunal Supremo “presenta graves incompatibilidades con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión a los que España está sujeta”. Y alude tres razones fundamentales:pena desproporcionada,en contra de la jurisprudencia del TEDH,no hay voluntad de provocar acciones terroristas.La PDLI denuncia que se ha llegado a esta pena de prisión porque España tiene una legislación fuera de los parámetros internacional

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información califica 2017 como "muy mal año para la libertad de expresión y realiza un detallado balance en el que resumen todo lo que ha dado de sí el curso en materia de libertades. Así, en su Balance anual esta Plataforma ha subrayado que en el año que termina entró en prisión "el primer tuitero por opinar en redes sociales", Alfredo Remírez. También fueron condenados a prisión el líder de "Def con Dos" César Strawberry, la tuitera Cassandra, el rapero Valtonyc y el colectivo La Insurgencia.

Una vez más, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha logrado poner en evidencia la inconstitucionalidad de las sanciones impuestas a periodistas en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’.

Yolanda Quintana Coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) El sábado 4 de noviembre ingresará en prisión Alfonso Remírez a causa de sus comentarios en redes sociales. Es el primer tuitero en entrar en cárcel de los detenidos en las llamadas ‘operaciones’ araña.

“Los defensores de la libertad de prensa e información solemos decir que no se mata a la verdad matando al periodista. Sin embargo, estamos en un momento en el que la verdad es un derecho al alcance de cada vez un menor número de ciudadanos en todo el mundo”.

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) consideramos que la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Unidos Podemos “contra la discriminación por orientación sexual”, publicada hoy en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, amenaza la libertad de expresión, permite la censura y es inconstitucional. Por todo ello, instamos a modificarla sustancialmente.

“España es un punto negro en materia de libertad de información” por la aplicación de las llamadas “leyes mordaza”, alertó Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), durante su intervención en el seminario “El gran silencio: libertad y censura en España, Italia y el resto del mundo”, que se celebró el 23 de marzo en la Universidad Complutense de Madrid y fue promovido por la PDLI y la organización italiana Ossigeno.

Cuando sólo faltaba una semana para el juicio, el Ministerio del Interior ha decido anular la sanción que había impuesto a un periodista que informaba sobre una detención de la Policía Nacional realizada a la luz del día y en la vía pública. "Después de defender lo contrario durante un año, el Gobierno ha preferido echarse atrás en este caso concreto, antes que ver la Ley Mordaza y el derecho a la información ante un juez. Y así, aduciendo defectos de forma, han evitado que se hable del contenido de la sanción.