El juzgado 70 de Madrid estima la petición de medidas cautelares del Estado y prohíbe a los Franco sacar más de 500 bienes del Pazo de Meirás hasta que termine el pleito sobre su titularidad.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña autoriza a los Franco, a través de un decreto con fecha 26 de septiembre, a la retirada de bienes muebles sobre los que, por su parte, el Estado ha reclamado que se impida que lo hagan a través de una demanda interpuesta la semana pasada en los juzgados de Madrid.

La abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los herederos de Franco reclamando la propiedad del Estado sobre 564 bienes muebles. Esta demanda llega tras la petición de la familia del dictador para llevarse esos bienes del pazo de Meirás que no fueron reclamados por el Estado.

La Justicia ha dado este viernes al Estado la custodia de los bienes del Pazo de Meirás que estaban judicializados, excepto las alfombras de los pasillos. Un auto del juzgado de primera instancia número uno de A Coruña, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, reconoce que todos los elementos objeto de controversia entre las partes pertenecen al inmueble y, por tanto, no pueden ser retirados.

La familia del dictador alega que no pierden su valor si salen del inmueble, mientras que el Estado ha exigido la "entrega completa" de los bienes objeto de discusión. De esos 55 eran objeto de discusión, aunque ya al inicio de la vista los Franco renunciaron a cinco. Cuando los Franco pusieron a la venta el pazo de Meirás incluían los bienes ahora en disputa, argumentan letrados de las administraciones.

Los herederos del dictador contrataron a una historiadora para peritar los bienes en litigio con el Estado pero desecharon su informe al confirmarse su valor histórico-artístico

Los Franco han renunciado a cinco bienes del pazo de Meirás, en el inicio de la vista de cuestiones incidentales para determinar la naturaleza de los que hay en el inmueble y "cuáles pueden ser retirados por los demandados", según ha expuesto el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña al comienzo de la misma y en referencia a la familia del dictador.

La Audiencia de Madrid decreta el archivo de la causa seguida en un juzgado contra la funcionaria de Patrimonio Nacional que elaboró el listado de bienes que la familia del dictador guardaba en el Pazo de Meirás.

El juzgado acuerda el archivo de la causa contra 17 personas que accedieron al pazo de Meirás en 2017 para protestar contra el franquismo y exigir la devolución del inmueble. Decreta el sobreseimiento por no estar debidamente justificada la perpetración de los delitos ni la persona individualmente responsable de los mismos. Destaca que no se puede atribuir la responsabilidad de los daños “a todos y cada uno de los intervinientes, de un modo genérico”. El Supremo, por ser aforado, ya archivó en 2021 la causa contra un diputado del Bloque.

Más de 80 años han tenido que pasar para que la sociedad civil volviese a pasear por los más de mil metros cuadrados que ocupa el Pazo de Meirás, en el ayuntamiento coruñés de Sada. Este domingo, guiados por los expertos en la construcción sadense, Carlos Babío y el historiador Manuel Pérez Lorenzo, tres parejas --y otros tantos periodistas-- han accedido por primera vez al pazo desde su paso al patrimonio público.

Tras pasar 82 años en manos del dictador Francisco Franco y de sus descendientes, el Pazo de Meirás es accesible por primera vez como propiedad pública. Por el momento solo se podrán visitar los jardines. Este sábado un acto formal, encabezado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio por inaugurada esta nueva fase, aunque los ciudadanos no podrán entrar hasta el 1 de julio a las zonas verdes y los primeros días van a estar reservados para las asociaciones de memoria histórica.

Entre gritos de "El pazo es del pueblo, franquismo nunca más", al son de gaitas y panderetas, unas 600 personas se reunieron este sábado ante las puertas de la propiedad de Meirás (Sada) que ocuparon Franco y su familia durante 82 años. Fue una acto cívico, con aires festivos, ante las verjas cerradas tras la negativa del Gobierno a permitir que esta manifestación, convocada por asociaciones por la memoria histórica, se celebrase en los jardines de la mansión. Estos abrirán formalmente al público el próximo fin de semana. El Ejecutivo, en poses

Los herederos del dictador Francisco Franco han solicitado formalmente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia llevarse del interior del Pazo de Meirás las estatuas de Abraham e Isaac del Maestro Mateo y la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán. Así lo ha confirmado en la mañana de este sábado el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en declaraciones a los medios en un acto celebrado en Santiago, donde ha manifestado que la intención de la Xunta es hacer valer la condición de Bien de Interés Cultural...

La resolución que firma María Elma Monzón ―sustituta de la jueza Marta Canales que ordenó la devolución del pazo al Estado con todos los muebles y accesorios― se produce apenas una semana después de que la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el auto firmado por Canales y estimase el recurso de los Franco señalando que el Estado no tiene derecho a ninguno de los objetos porque lo único que había demandado era el derecho sobre una finca catastral

El pasado noviembre, dos meses después de la sentencia que otorgaba el inmueble al Estado, se inició el inventario del Pazo de Meirás, que contabiliza un total de 697 bienes

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada 'de las cosas, bienes u objetos' que hay en el interior del pazo de Meirás, con la excepción de aquellas que eventualmente se encuentren en él por haber sido colocadas por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble.

La familia Franco ha presentado un escrito en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que, entre otras cuestiones, solicita comprobar las obras del Estado en el pazo de Meirás.

Los herederos de Francisco Franco han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia dictada el pasado 12 de febrero por la Audiencia Provincial de A Coruña, que confirmó la titularidad pública del Pazo de Meirás, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a la familia del dictador por los gastos contraídos desde 1975.

El Gobierno ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el Pazo de Meirás, que ratificó que es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

Traslada la entrega de las medallas Pardo Bazán a la jornada de reivindicación feminista en medio del debate por el intento del Gobierno gallego de dejar en segundo plano el pasado franquista de la propiedad

La Diputación coruñesa y los Ayuntamientos de Sada y A Coruñen se desmarcan del Estado y la Xunta y deciden recurrir ante el Supremo la sentencia que obliga a pagar a los herederos del dictador los gastos de conservación y mantenimiento de la propiedad declarada pública. "Se trata de dar la batalla política en los tribunales por un símbolo de la usurpación de la dictadura franquista". "Esta es una reivindicación del siglo XXI, recuperar el Pazo de Meirás sin tener que indemnizar al dictador y su familia"

El Ayuntamiento de Sada (A Coruña) ha demandado explicaciones públicas "de las razones por las que el Estado tolera pasivamente, sin recurrir, una sentencia que reconoce la condición posesoria de buena fe de los Franco, desde el propio dictador hasta los actuales herederos y debe compensarlos por los gastos necesarios (de mantenimiento) y útiles (de mejora), desde 1975".

Al ser considerados poseedores de buena fe podrían retenerlo hasta ser indemnizados

La Fiscalía pide 8 años de cárcel y el pago de más de 132.107 euros en indemnizaciones para el camarero de una cafetería de Patos que, supuestamente, dio una brutal paliza a un cliente que acudió a una fiesta en el pazo de Urzaiz.el incidente fue el 16 de agosto del 2020 cuando un cliente acudió con unos amigos a una fiesta que se celebraba en el pazo de Urzáiz, en Nigrán. Esa noche, a las cinco de la madrugada, dicho joven tuvo un altercado con los empleados de la cafetería Maui, de Patos, que derivó en una pelea.

Navarra. Según el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel (BDS), la película, estrenada recientemente en medio del genocidio en Gaza, trata de normalizar los crímenes sionistas contra la población palestina. Golem se niega a estrenarla, pero los Cines Yelmo de centro comercial de Itaroa no han accedido a la petición. La cinta es una biografía cinemática que celebra la vida y carrera política de Golda Meir, quien fuera Primera Ministra israelí durante la guerra del 73.

Los hechos sucedieron durante el partido que enfrentó el pasado sábado al Meira CF y al CD Alfoz, dos equipos de Segunda Autonómica, en el campo de A Lomba, en Meira (Lugo). El partido continuó, pero, según aseguran, los comentarios racistas no cesaron. En el minuto 70, tras llamarle "negro de mierda", el jugador no pudo más. Se negó a seguir jugando y se marchó del campo llorando.

El pasado domingo, en el encuentro de la Segunda Regional de Galicia entre los equipos Meira y el Matela, y cuando corría el minuto 15 de la primera parte, el entrenador local entró en el terreno de juego para atender a un jugador de su equipo lesionado. Fue cuando dicho entrenador se revolvió hacia el árbitro, Sadoum Bahia Saghair, diciendo: “Eres un sinvergüenza. Moro de mierda. Cuando salgas de aquí te voy a matar. Puto negro de mierda”.

La actriz británica Helen Mirren afirmó el martes que a su juicio la primera ministra israelí Golda Meir, que ella interpreta en su nueva película, estaría "absolutamente horrorizada" ante la situación política actual en ese país. "Creo que sería una negación total y completa de sus valores y de la manera como entendía el mundo que ella quería crear", declaró Mirren en entrevista con AFP en el 73º Festival de cine de Berlín. Golda Meir, una de las fundadoras del Estado de Israel, es objeto de una biografía fílmica, centrada en la guerra del…

«La supresión de los títulos es una mamarrachada que no tendrá ningún efecto práctico, más allá de que te quiten el reconocimiento oficial». Así opina Francis Franco Martínez-Bordiú, nieto de Franco y una de las 33 personas que perderán automáticamente la merced nobiliaria cuando entre en vigor la futura Ley de memoria democrática. Serán dos los que pierda la familia del dictador junto con el ducado del que es titular su hermana María del Carmen, ambos con Grandeza de España.

Han rebajado a 1,9 millones de euros los cinco millones que pedían en el 2018 por la lujosa vivienda en la que el dictador y su esposa pasaron su noche de bodas hace casi cien años.

La familia Franco ha presentado un recurso de reforma contra el archivo de la causa de los autodenominados 19 de Meirás que accedieron al pazo en 2017, una decisión que este colectivo ha calificado de "esperpento". En un comunicado, los 19 de Meirás aseguran que no tienen miedo y no les van a callar, en alusión a la familia Franco y la Fundación Francisco Franco tras la presentación del recurso.

«Esta bola la tiramos nosotros», dice a cámara uno de los protagonistas de un vídeo que ya se está investigando.

Mira a la cámara y señala con la mano el espacio que debería ocupar una bola de piedra colocada hace siglos para embellecer lo alto de la torre mirador que recibía a quienes llegaban al Pazo de Fefiñáns, en Cambados, por el Camino Real. La bola de piedra, igual que otra de sus gemelas, dice el tipo de la imagen, «la tiramos nosotros». El rapaz, que no se molesta en ocultar su rostro, forma parte de Wizar Urbex, «tres grandes amigos con la única intención de hacer algo juntos», según se presentan en las redes sociales. «Algo», en este caso, es c

La investigación abierta contra Patrimonio Nacional por el inventario del Pazo de Meirás cobra impulso. La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz, no solo ha declinado la petición de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado de archivar esta causa, sino que ha acordado una importante batería de diligencias ante los "indicios fundados de criminalidad" que atisba de la pruebas recabadas hasta la fecha

Para pedir la imputación de Castro, se basan en la testifical prestada a finales de junio por la expresidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional Llanos Castellanos, recién nombrada directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien, según el escrito, hizo referencia a una llamada recibida por la abogada general.