La Diputación coruñesa y los Ayuntamientos de Sada y A Coruñen se desmarcan del Estado y la Xunta y deciden recurrir ante el Supremo la sentencia que obliga a pagar a los herederos del dictador los gastos de conservación y mantenimiento de la propiedad declarada pública. "Se trata de dar la batalla política en los tribunales por un símbolo de la usurpación de la dictadura franquista". "Esta es una reivindicación del siglo XXI, recuperar el Pazo de Meirás sin tener que indemnizar al dictador y su familia"
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