El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de Valencia que distribuyó en un chat de WhatsApp de un grupo de padres...

Jesús María Ruiz de Arriaga se licenció en Derecho en 2009 y sólo dos años después abrió su despacho que tiene la filosofía, según dice él con orgullo, es ayudar a que a la gente a que se le haga justicia, sobre todo a las personas y familias que tienen menos recursos para acceder a los servicios jurídico. . Ahora, con el IRPH, ha tenido una preponderancia por las querellas interpuestas contra magistrados de audiencias provinciales y del Tribunal en las que acusa de presunta prevaricación por no aplicar la jurisprudencia europea.

Según el despacho de abogados, la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 13, ha decidido ignorar consciente y dolosamente la mencionada sentencia del TJUE al juzgar asuntos relacionados con hipotecas que incluyen la cláusula IRPH. Esta actitud, constituye «un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 del Código Penal, y subsidiariamente, el contemplado en el artículo 447 del CP, que contempla la forma imprudente de cometer dicho delito,»

El artículo 197.1 es el tipo base del delito de la grabación o escucha de comunicaciones, concretamente establece: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.” Y la acción delictiva descrita al ...

"Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial", explica José Santos Pais, miembro del comité. Asimismo, este comunicado señala que es la primera vez que este organismo "se pronuncia y condena a un Estado" por el "uso del derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones".