La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un abogado a una pena de dos años de inhabilitación especial para ejercer la abogacía porque manipuló y reescribió parte de una sentencia, que posteriormente envió a sus clientes, para ocultar el error que había cometido.

Ha hablado la instancia más alta posible, la Junta Electoral Central: cualquier cargo público que resulte condenado penalmente a inhabilitación deberá abandonar su cargo y entregar su acta en cuanto se dicte la primera sentencia, es decir, aunque ésta se recurra y aún no sea firme. Así de tajante se ha mostrado al pronunciarse oficialmente sobre el caso concreto del alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, que permanece en su puesto a pesar de que la Audiencia Nacional le condenó a ocho años de inhabilitación por prevaricación.

Rodríguez sostiene que su inhabilitación "fue una decisión política, claramente, no una decisión judicial" y apunta directamente hacia los que considera culpables: "No fue el Tribunal Supremo ni el juez Marchena quien me arrebató el escaño, fue el Partido Socialista Obrero Español por el brazo ejecutor de Meritxell Batet con la connivencia o el silencio cómplice de mucha gente", sentencia.

La procesada niega el delito de omisión de socorro: "Cumplí los protocolos, no puedo salir del centro si no me activa el CICU".

Este comportamiento ha generado una histórica alarma social a nivel mundial y ha merecido el rechazo y desprecio de la clase política, medios de comunicación y destacados representantes de la cultura, el arte o el deporte. Se trata de un bochorno internacional sin precedentes para la Marca España, para el deporte español y para el fútbol femenino mundial. Cuando el mundo debía tener los ojos puestos en nuestras futbolistas, el presidente consiguió que los ojos del mundo se centraran en su “virilidad”.

La Sala de lo Penal y lo civil del TSJM reconoce que "se ha cometido un error en relación a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, en el sentido de que se acuerda respecto de la misma su suspensión por el plazo de tres años". En septiembre de 2022 el TSJM decidió suspender la condena durante tres años a la exdiputada y exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Ahora, en contra de lo que indicaba una diligencia del 29 de marzo pasado, el tribunal informa de que "dicha afirmación no se ajusta...

Hoy, después de DOS AÑOS Y MEDIO desde que recibí la sentencia del TSJM, este tribunal me ha comunicado que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberme manifestado frente a un desahucio.