Los propietarios y gestores de pisos turísticos se rebelan contra el decreto ley de la Generalitat que faculta a los ayuntamientos a reducir o eliminar la oferta de pisos turísticos legales y a exigirles una licencia urbanística en los próximos cinco años. Su artillería, en plena campaña electoral en Catalunya, son las cifras y la amenaza de una batalla judicial para exigir indemnizaciones si les impiden mantener su actividad.

Le indicaron que le hiciese un masaje cardíaco mientras no llega la ambulancia. Un vecino, hizo, veinte minutos después de la primera, otra llamada al 061. Finalmente, la ambulancia llegó media hora después, constatando el fallecimiento del hombre.

En abril de 2020 el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía de Madrid para preguntarle si las residencias privadas debían recibir algún pago por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma. La conclusión de la Abogacía fue que no procedía hacer ningún abono a estos centros, pero la Comunidad de Madrid ignoró esta apreciación y les indemnizó igualmente. "Creo que es momento de que la Justicia entre a investigar todo esto", afirma Martín.

Los hoteles de Baleares ya disfrutan de la victoria cosechada en la primera batalla con la trama británica que les extorsionaba antes de la pandemia con reclamaciones colectivas por falsas intoxicaciones alimentarias. Un juzgado de Palma de Mallorca ha dictado auto de apertura de juicio oral contra ocho acusados, para los que se piden penas de cárcel de entre ocho y seis años por integración en organización criminal y estafa agravada. Se trata de la primera vez en la que un fraude de este tipo, muy común entre 2014 y 2017 con un coste anual pa

El exguardia civil, que cumple una pena de 17 años en el centro penitenciario de Sevilla I por violar en grupo a la chica y también, en su caso, por robarle el teléfono móvil, ha enviado una carta manuscrita al tribunal de la Audiencia de Navarra, en la que se declara insolvente, pero ofrece un "plan de pago" para cumplir con la responsabilidad civil que debe abonar.

El acuerdo suscrito por PSOE y Sumar para reeditar su coalición de Gobierno marca una nueva etapa en la regulación del mercado de trabajo con la idea de culminar lo que no pudieron hacer en la anterior Legislatura: derogar el grueso de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. Para ello apunta directamente a sus principales pilares que seguían sin cuestionarse: las causas del despido y los descuelgues de los convenios colectivos.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el número de contratos temporales se ha reducido. Sin embargo, se ha abierto otro cauce para emplear a trabajadores de manera eventual. Disminuir las contrataciones de duración determinada ha provocado que las rescisiones de contrato por no superar el periodo de prueba se incrementen considerablemente.

El Tribunal Supremo ha desestimado este jueves un recurso interpuesto por un local de prostitución que reclamaba al Estado una indemnización de 72.188 euros por daños y perjuicios económicos sufridos durante el cierre del establecimiento por el covid-19.La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, encargada del caso, concluye que las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia fueron “necesarias, adecuadas y proporcionales a la gravedad de la situación” y por tanto rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado.

La sentencia de la Sección 15 de la audiencia madrileña, difundida este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), condena al agente por un delito continuado de estafa en grado de tentativa, un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito leve de estafa al confeccionar tres atestados simulados utilizando sellos oficiales de la Comisaría General de Extranjería, con el objeto de cobrar las indemnizaciones de reclamación correspondientes.

La cifra es la punta del iceberg: solo recoge las pérdidas cubiertas por indemnizaciones, seguros y servicios de emergencia y no los costes del cierre de negocios o reparaciones. Tormentas cada vez más extremas. Inundaciones que a su paso lo arrasan todo. La llegada repentina de olas de frío. El avance de una sequía que amenaza con convertirse en crónica. El calor que eleva las temperaturas durante todo el año y convierte los veranos en algo cada vez más asfixiante.

Hace justo un año, una tienda de recambios en Estados Unidos pagó una nómina con miles de monedas bañadas en aceite de motor. Ahora hemos sabido que esa tienda de recambios que, en total, pagó con 91.000 monedas a un exempleado, ha sido condenada. Solicitó a su jefe el pago de su última nómina por valor de 915 dólares y este se presentó en su domicilio con una montaña de 91.500 monedas cubiertas con aceite de motor.

Un juzgado de Bilbao ha dictaminado que un bebé, eximido del pago del vuelo y que viajó sin asiento asignado, es sujeto de indemnización como el resto de personas de su familia, debido al retraso del vuelo de regreso desde Lisboa al aeropuerto de Bilbao.

"Un despido es la ruptura de un contrato de manera unilateral. En derecho civil no se discute que eso da derecho a una indemnización por daños y perjuicios, pero en el derecho laboral sí se discute", explica Vicente Lafuente, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza. La regulación de las indemnizaciones a partir del salario y el período de prestación de servicios resulta "insuficiente para trabajadores con escasa antigüedad".

En un fallo del pasado 17 de mayo, el Tribunal Supremo estima la pretensión de los fondos de deuda de apremiar a la Administración Pública a hacer un nuevo cálculo de las indemnizaciones correspondientes a la AP-36.

Una sentencia admite el derecho a esa indemnización para un joven de Bretoña que sufrió graves secuelas en un accidente en Paraxes. La jueza reconoce 110.000 euros de intereses...

La absolución de todos los policías y funcionarios del Ajuntament de Palma imputados en el ‘caso Cursach’ le costará al Consistorio una cifra cercana a los seis millones de euros

La Comunidad de Madrid ha pagado en los últimos meses por fallos como muertes de bebé en el parto, un infarto desatendido o una extracción de la costilla equivocada.De 9.000 euros por un embarazo no deseado a 4.500 por un tumor detectado y no comunicado al paciente. Por debajo de 10.000 euros hay múltiples indemnizaciones. Por ejemplo, se pagan 9.000 a un paciente que se sometió a una vasectomía sin que se le advirtiera de los riesgos de recanalización, lo que derivó en un embarazo no deseado.